Una investigación sin representante de la fiscalía
Las declaraciones ante la jueza del superdelegado de Ourense, de sus socios en Ceivam y del técnico que firmó las obras que no fueron realizadas se celebraron sin presencia del ministerio fiscal. "La fiscalía no viene porque pide el archivo" de la causa, alardeó Rogelio Martínez a la salida del juzgado para explicar ante las cámaras que la denuncia "es política" y que el fiscal "ya pidió que se archivara el caso y sólo se abrió ahora por petición de la Audiencia Provincial". A la vista de ello el delegado se mostró convencido de que la denuncia será de nuevo sobreseída y destacó que, mientras tanto, él seguirá "trabajando con normalidad" en la gestión de la Xunta en la provincia de Ourense.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía de Galicia atribuyeron la incomparecencia del representante fiscal al hecho de que "no recibió notificación del juzgado" de Ribadavia de que se iniciaba la toma de declaraciones
La incomparecencia molestó a la acusación. El abogado del BNG, Xosé Lois Brea, sostiene que "hay un fiscal adscrito al partido judicial de Ribadavia y tiene la obligación de conocer los procesos" abiertos y personarse en ellos al margen de que tenga acceso posterior a las tomas de declaración de los imputados. Brea entiende que es difícil que se archive ahora la denuncia "porque no se trata sólo de un fraude, sino que hay un hecho objetivo de certificación falsa de documentos públicos".
Más contundente en la denuncia por la incomparecencia de la Fiscalía se mostró el senador socialista orensano, Miguel Fidalgo: el fiscal "debe ser el primer interesado en llegar al fondo y saber la verdad, y si no lo hace así, no cumple con su función". Fidalgo destacó que "la Justicia en Ourense no es precisamente lo más valorado por los ciudadanos".
La investigación sigue abierta, ya que la juez ha citado a declarar a la titular de un taller que recibió ayudas certificadas por Ceivam, aunque no se justificó la inversión.
