ACS baraja la vía judicial para entrar en el consejo de Iberdrola

El grupo constructor y de servicios ACS estudia recurrir a los tribunales para hacer valer su condición de primer accionista de Iberdrola (controla un 12,6% de forma directa e indirecta) y tener representación en el consejo de administración de la compañía. El presidente de ACS, Florentino Pérez, explicó en una conferencia de prensa posterior a la junta de accionistas que se celebró ayer que, a su juicio, el grupo "tiene derecho a tener consejeros en Iberdrola", objetivo -junto al de llegar al 20% del capital de Iberdrola- que se plantea "con paciencia".

A preguntas de los informadores, Pérez dijo desconocer si la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán negocia con algún inversor para dar entrada en el capital a un socio que desbanque a la constructora como primer accionista.

El presidente de la eléctrica aboga en el Senado por una nueva regulación

La junta de accionistas de Iberdrola del pasado mes de marzo aprobó una serie de cambios estatutarios que dificultan la entrada de ACS en el consejo de administración de la eléctrica. Así, limitó a 15 el número de consejeros y eliminó el tope en la edad de jubilación de éstos, fijada hasta entonces en 70 años. También se aprobó la imposibilidad de que empresas competidoras de cualquier sector -y no sólo del energético- puedan contar con puestos en el consejo de administración, lo que también podría afectar al grupo que preside Florentino Pérez.

Por otra parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán insistió ayer en que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), propiedad de Iberdrola y de Endesa, es "totalmente eficiente" gracias a las inversiones que se han hecho, por lo que no se puede permitir su cierre, que consideró pagarían los ciudadanos. En declaraciones a los periodistas, antes de comparecer en el Senado para dar su visión del sector energético, Sánchez Galán explicó que junto a las energías renovables, la nuclear tiene que tener también su peso en el "mix energético" de un país, si no se quiere encarecer "indebidamente" el coste de la energía, perdiendo competitividad en el tejido productivo y causando más costes para los ciudadanos.

La vida útil de Garoña expira el próximo julio, mes en el que el Consejo de Seguridad Nacional deberá decidir si autoriza la prórroga de 10 años en la explotación solicitada por Nuclenor -participada al 50% por Endesa e Iberdrola- o el cierre decisivo.

En su intervención en el Senado, Sánchez Galán abogó por una regulación estable que incentive las inversiones del sector, que aporta un 2,4% del PIB, emplea a 400.000 personas y puede, dijo, ser un motor para superar la crisis. Apostó también por cambiar el "insostenible" modelo energético actual hasta llegar a un mix de generación con un peso del 40% de las renovables, del 40% de la térmica eficiente y del 20% de la nuclear.