Rebaja de cárcel para 'El Jamonero'

"Sí, señoría" fueron las únicas palabras que pronunció ayer Antonio Herrera, El Jamonero de Trevélez, en la Audiencia Provincial de Granada. Le valieron para reconocer que desde 1993 a 2003 estafó al menos 11 millones de euros a casi dos centenares de personas en la Alpujarra granadina. Entonces constituyó una empresa con su mujer para secar y curar jamones. Conocido en la zona como Fernando, antes director de una sucursal bancaria, ofrecía a los vecinos un negocio "muy rentable": invertir dinero en jamones -con intereses desde el 7% al 25%- o hacer entregas de jamones en crudo que él secaría a cambio de un beneficio económico.

"Las personas que retiraron su dinero a tiempo ganaron mucho", reconocía ayer el portavoz de la plataforma de afectados, Antonio López. "No es mi caso, yo pagué 42.000 euros por un camión de jamones crudos para que me los curara en un año. No los pude retirar, mi partida se la vendió a otro". Y es que así funcionaba ese negocio fraudulento por el que ahora Antonio Herrera acepta 11 años y cinco meses de prisión; pagar una indemnización de más de 11,7 millones de euros, aunque no tiene patrimonio; una multa de más de 800.000 e ingresar en la Hacienda Pública 728.000 euros.

"Lo conocía de toda la vida, ¿cómo no iba a confiar en él?", dice una vecina

Su ex mujer también aceptó el acuerdo. Ella es responsable solidaria de la indemnización y el pago a Hacienda. Se conforma con la petición fiscal de dos años de cárcel, que previsiblemente no cumplirá puesto que no tiene antecedentes penales, por tres delitos contra la Hacienda Pública. Según el acuerdo, que aceptaron las defensas, el abogado del Estado y las acusaciones particulares, será condenado por dos delitos de estafa; apropiación indebida; alzamiento de bienes y cuatro contra Hacienda.

El acusado, que huyó a la República Dominicana en 2004 cuando la quiebra hacía insostenible la situación, permaneció en paradero desconocido tres años hasta que en 2007 fue arrestado por la Interpol. Un sabor agridulce queda en los perjudicados porque saben que el fin del proceso judicial no supondrá necesariamente una recuperación del dinero. "Me parece que no voy a recibir lo que era mío", explica ya jubilado el que fuera propietario de un restaurante. "Nos privamos de muchas cosas para ahorrar y lo perdimos", lamenta María González, que confió a Herrera casi todos sus ahorros.

Ser director de una oficina de la comarca le permitió conocer cuáles eran los recursos económicos de cada vecino. "Había sido el director de la oficina en la que teníamos los ahorros, ¿cómo no iba a confiar en él?", plantea González, "además, lo conocía de toda la vida". El portavoz de los afectados reconoce que "sabía ganarse a la gente". Les enseñaba el secadero, restaurantes de lujo donde los invitaba a comer u otros negocios de los que alardeaba, pero el dinero que la gente le entregaba no lo destinaba a los jamones.