"Las medidas llegan tarde"

Ángel Núñez dejará pronto su puesto de fiscal de Medio Ambiente en Cádiz, desde el que coordina al resto de compañeros de Andalucía, para dedicarse temporalmente al asesoramiento para la reforma del Código Penal. Durante años ha sido el azote de administraciones, jueces y particulares contra el urbanismo ilegal.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra la Fiscalía que abandona?

Respuesta. Esta Fiscalía sufre una pertinaz falta de medios, sobre todo, de personal. La de Cádiz es una Fiscalía tremendamente compleja con cuatro unidades, Ceuta, Cádiz, Algeciras y Jerez, cada una de las cuales es más grande incluso que la de otras capitales. Y eso resulta complicado de trasladar a los que tienen que hacer las dotaciones de medios. Se suple con una enorme dedicación y horas y horas de trabajo.

P. La Junta ha puesto en marcha un plan de inspección con la colaboración de los ayuntamientos. ¿Es el camino correcto?

R. Sí. La necesidad de imponer la disciplina urbanística es absolutamente perentoria y para imponerla lo primero que hay que saber es cuál es la situación y trazar un mapa de la ilegalidad. Hasta ahora se avanzaban cifras muy dispares pero no se ha realizado el inventario que se está realizando ahora.

P. ¿Se llega a tiempo?

R. No. Se ha llegado tarde por una conjunción de factores: ha habido desidia municipal para aplicar las competencias que contiene la ley; han faltado órdenes judiciales de demolición; se han antepuesto intereses electorales, incluso con momentos de corrupción. Las medidas llegan tarde pero había que hacer algo. Es una situación irreversible pero hay que ponerle coto y decir de ahora en adelante no va a volver a suceder.

P. ¿Y cuál ha sido el papel de la Fiscalía?

R. Hemos conseguido un doble objetivo: que los tribunales hayan ido atendiendo nuestros planteamientos y que la sociedad tome conciencia de que las víctimas de los delitos urbanísticos somos todos. Es la sociedad la que se debe movilizar para ir en contra de estos comportamientos, frente a los grupos de presión que tratan de influir en los ayuntamientos.

P. Ahora va a participar en la reforma del Código Penal. Casos como el de Marta del Castillo han avivado el debate sobre el endurecimiento de las penas, incluso el de la cadena perpetua. ¿Esa presión influirá?

R. Me aventuro a decir que no. Cuando se producen hechos de esa magnitud y cuando se les da mucho relieve, no exento de amarillismo, la reacción popular es lógica. Pero considero que el agravamiento de las penas no conduce a una mayor eficacia del derecho penal. Lo que hay que hacer es dotar de medios a la justicia para que responda de una manera más rápida y eficiente.