El PSdeG reclamará en el juzgado la paridad del Gobierno de Feijóo

Con el informe de uno de sus altos cargos pretendió saldar el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo su supuesto incumplimiento de la ley gallega del trabajo en igualdad. Ese presunto dictamen lo suscribe la directora general de la Asesoría Jurídica, Cayetana Lado, pero no está avalado por la firma de ninguno de los juristas de la Administración.

Sus conclusiones enunciadas por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que eximen al Ejecutivo de cualquier irregularidad no han convencido a la oposición. Alegan que al presidente lo elige el Parlamento y que por tanto Feijóo no debe computar en la cuota del 40% de mujeres que la Lei de Igualdade exige al Consello de la Xunta. Otro informe de la misma directora general que tampoco firmaron los juristas sirvió a la misma consellería para despachar el expediente por supuestas incompatibilidades que el bipartito abrió en funciones al conselleiro de Medio Ambiente.

En su denuncia sobre el incumplimiento de la paridad, Bloque y PSdeG se aferran a otra norma, la Lei da Xunta, según la cual el Gobierno gallego está compuesto "por el presidente, el vicepresidente -en su caso- y los conselleiros". "Todos ellos constituyen el Consello", señala este texto. Su conclusión es que las cuatro conselleiras representan sólo el 36% del Ejecutivo. Por ello, socialistas y nacionalistas sumaron ayer sus votos para exigir a Feijóo que rectifique y configure un nuevo gabinete paritario.

Los 38 diputados populares frustraron el intento. Así que el PSdeG recurrirá ahora a un plan b, según anunció su portavoz, Xaquín Fernández Leiceaga, en la Cámara. "Esto es el control político y lo siguiente será el judicial", amenazó. Fuentes del PSdeG confirman que el próximo paso lo darán en los tribunales. Acudirán al juzgado para hacer cumplir la Lei de Igualdade, que consideran claramente vulnerada, pero evitarán pedir la anulación de los actos jurídicos que ha adoptado la nueva Xunta para no "perjudicar a terceros".

El viceportavoz del PP en la Cámara aprovechó el debate para afinar su papel de látigo de la oposición. Antonio Rodríguez Miranda se agarró al informe de la "máxima autoridad jurídica de la Xunta" para negar cualquier incumplimiento. Con todo, llegó a calificar como "algo simbólico" el cumplimiento de la Lei de Igualdade. Su tono sulfuró a las diputadas socialistas y nacionalistas, que se quejaron en voz alta desde escaño. La presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, optó por dar un toque de atención a las parlamentarias para que no interrumpiesen a Miranda, que se perdió en disquisiciones sobre el bipartito.