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Reportaje:

El pluriempleo de los diputados

Casi la mitad de los parlamentarios regionales tiene ingresos extra - El PP oculta los datos sobre las actividades de los miembros de su grupo

Jesús Sérvulo González

Tras décadas de hermetismo, el pasado 21 de abril el Congreso puso luz sobre las actividades extraparlamentarias de los diputados. Un secreto que durante años se ha tratado de alumbrar para aportar transparencia a la actividad parlamentaria y abordar en profundidad el tema de las incompatibilidades. Pero lo ocurrido en la carrera de San Jerónimo, sede del Congreso, no sirve de ejemplo a la Cámara madrileña, en el distrito de Puente de Vallecas. La Asamblea de Madrid oculta bajo llave las ocupaciones extraparlamentarias de los diputados.

Un vistazo rápido a la página web de la Asamblea descubre que entre los 120 diputados regionales (67 del PP, 42 del PSM, y 11 de IU), hay 10 consejeros, siete senadores, seis viceconsejeros, dos alcaldes, tres concejales, cuatro médicos, tres profesores universitarios y uatro cargos en diferentes estamentos del Gobierno regional. Salvo consejeros y senadores -que cobran del Ejecutivo y del Senado, respectivamente-, los demás cobran por esas ocupaciones, y también, por su actividad en el Parlamento, aunque en menor cuantía al no haber exclusividad. Además, entre los diputados hay una veintena que tiene puestos en empresas, la mayoría públicas, por los que, al menos los socialistas, no reciben ingresos. IU es el único grupo político en el que todos los diputados tienen dedicación exclusiva.

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Casi la mitad de los parlamentarios desarrollan actividades complementarias (unos 65 de los 120 representantes de la Cámara regional), aunque sólo un tercio cobra por ello. Este dato contrasta con el publicado en el Congreso, donde tres de cada cuatro diputados (250 de 350) tienen ingresos extra. En Cataluña, sólo el 45% de los parlamentarios declara tener una segunda actividad. La exclusividad en el hemiciclo madrileño es mayor que en el Congreso.

Los diputados del PP son los que tienen más ingresos por su actividad extraparlamentaria. Además de los 10 consejeros y los seis viceconsejeros con escaño, hay cuatro senadores. En sus filas hay también tres médicos que trabajan como tales (Jesús Fermosel, Javier Rodríguez y Enrique Ruiz), dos alcaldes remunerados (el de San Lorenzo de El Escorial, y la de Santa María de la Alameda) y dos concejales con sueldo (uno de El Escorial y otro de Las Rozas). En la bancada popular hay cinco diputados que ocupan cargo en diferentes estamentos del Gobierno regional (Isabel González, Sonsoles Trinidad, Nadia Álvarez, María Luz Bajo y José Gabriel Astudillo), según el currículo expuesto en la web de la Asamblea. Además, hay 15 diputados que ostentan algún tipo de representación en empresas, la mayoría públicas (Francisco Acedo, José María Arribas del Barrio, José María de Federico, Alicia Delibes, José Ignacio Fernández Rubio, José Luis Fernández Quejo del Pozo, María del Carmen Martín, Pablo Morillo Casals, Pedro Muñoz Abrines, Luis Peral, Enrique Ruiz, Colomán Trabado, Jesús Valverde Bocanegra, Eduardo Oficialdegui y Juan van Halen).

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La bancada socialista tiene menos pluriempleo. Allí cuentan con tres senadores, un médico (Lucas Fernández) y dos profesores universitarios (César Giner y José Antonio Díaz). Además, en sus escaños, hay siete diputados que tienen alguna representación en alguna empresa o fundación (Mercedes Díaz, Livia Castillo, Francisco Hernández, Carmen Menéndez, José Luis Pérez Ráez y José Quintana). La portavoz socialista, Maru Menéndez, afirma que ninguno de ellos cobra por los cargos en las sociedades, la mayoría públicas.

La ausencia de incompatibilidades parece clara en el PSOE. Mientras el PP no hace públicos sus datos, no puede garantizar lo mismo.

Los datos en Madrid son orientativos porque, a diferencia del Congreso y otros parlamentos autonómicos, los madrileños no difunden sus declaraciones de bienes. Obtener más precisión sobre sus ocupaciones es una tarea difícil, sobre todo si la pregunta cae en la bancada popular. Todos los diputados están obligados a cumplimentar una "declaración de actividades" cuando recogen el acta. Deben presentar otra cuando dejan el escaño, para comparar las variaciones. Es el único control para evitar incompatibilidades.

La Oficina del Diputado elude informar de las declaraciones de actividades. Alega que no son públicas y remite a la buena voluntad de los grupos políticos. Tanto el PSOE como IU detallan todas las actividades de sus representantes e incluso aclaran la participación de algunos diputados en empresas. Pero el PP oculta los datos.

Este periódico ha intentando en repetidas ocasiones, sin éxito, obtener la información. La petición se ha remitido igualmente a la dirección del PP regional, que tampoco ha contestado.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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