La Junta refuta el nuevo PGOU de Torrox por desmesurado

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha advertido al Ayuntamiento de Torrox que no podrá aprobarle su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque "propone unos crecimientos en suelo y población que no se ajustan a la legalidad vigente". El plan contempla la construcción de 9.295 nuevas viviendas, un 209% más de las que existen en la actualidad, cuando el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) establece un tope del 25%.

Los desarrollos propuestos dibujan además una ciudad de casi 39.000 habitantes, un 136% más de población que los 16.395 residentes actuales, cuando el tope permitido es del 30%. Además, las mediciones realizadas por los técnicos autonómicos estiman que se ponen en carga más de cuatro millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbano, lo que supone un incremento de un 63%, cuando la normativa autonómica establece un tope del 40%.

Pero además, el informe de incidencia territorial sobre el nuevo PGOU de Torrox aprobado inicialmente por el pleno municipal el pasado enero, llama la atención sobre otras importantes deficiencias como la falta de garantía de recursos hídricos para los crecimientos previstos, que no se reserve el suelo para el corredor ferroviario o el incumplimiento de las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de La Axarquía en cuanto a que no se podrá urbanizar en pendientes de más de 50%.

Deficiente planificación

El PSOE, en la oposición municipal, ha llamado la atención sobre lo que considera "gran engaño" del discurso del actual equipo de gobierno. En las pasadas elecciones municipales el PSOE perdió la mayoría absoluta y se constituyó un gobierno formado por IU, que tiene la alcaldía, el Partido Socialista de Andalucía (PSA) y la Plataforma de Independientes Unidos (PIU). La alcaldesa, Antonia Claros, decidió suspender el plan general que ya había superado la aprobación inicial en el anterior mandato del PSOE e iniciar la redacción de un nuevo documento con teóricamente criterios más sostenibles, aunque al final ha acabado planteando crecimientos desmesurados y una deficiente planificación.

El informe de incidencia territorial lo emite la Junta tras la aprobación inicial de un PGOU para que los municipios conozcan la valoración sobre criterios generales de la administración que deberá aprobarlo antes de seguir con los trámites por si es necesario corregir algo.