Un trimestre de medias verdades

El pasado 6 de febrero el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón puso en marcha la operación Gürtel para desmantelar una trama corrupta de empresas vinculada al Partido Popular. Y ese día empezó la peor pesadilla de Francisco Camps de sus seis años al frente del Consell de la Generalitat.

El presidente ha optado desde entonces por refugiarse, siempre que le ha sido posible, en el silencio y en el desmentido general. Un silencio roto por las informaciones referidas al contenido del sumario, las declaraciones de algunos de los principales actores -como el sastre José Tomás- del caso Gürtel y la insistencia de la oposición y los periodistas por obtener respuestas. El resultado ha sido un trimestre plagado de medias verdades por parte de Camps y los principales cargos del Consell y de la dirección regional del PP. A continuación se señalan algunos de los principales argumentos cuestionados.

Las informaciones que el Consell dio por rebatidas siguen en pie

La imputación al presidente que parecía impensable ahora es probable

- Amistades peligrosas. "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". Así se expresó el jefe del Consell el 12 de febrero pasado al ser interpelado por sus relaciones con Orange Market -la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, que está imputado por Garzón- y José Luis Ulibarri, el empresario castellano-leonés de la construcción que ha conseguido 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y también imputado por Garzón. Las conversaciones grabadas demuestran que Camps mantuvo, hasta que estalló el escándalo, una estrecha amistad con Álvaro Pérez.

- Informaciones rebatidas. "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades", manifestó Camps el pasado 19 de febrero y repitió el 12 de marzo pasado. No ha sido así. Las informaciones publicadas en EL PAÍS se han ratificado una tras otra. El sumario incluye distintas grabaciones en las que algunos de los actores de la trama hablaban de PAI, de adjudicaciones y actividades que sí existieron.

- Imputación imposible. "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi trabajo, mi responsabilidad y mis acciones?" La respuesta a las preguntas que se formuló Camps el 19 de febrero en el Parlamento estará en breve. La Fiscalía Anticorrupción implicó a Camps en la trama corrupta, junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, por haber recibido, supuestamente, trajes pagados por la trama corrupta. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana investiga a Camps, Costa y a los otros dos imputados por un supuesto delito de cohecho. Y, previsiblemente, citará a declarar a Camps en breve, previsiblemente como imputado. El sumario constata que el jefe del Consell telefoneó repetidamente al sastre José Tomás -de Milano y Forever Young- al estallar el escándalo. Tomás, que ha declarado que la ropa la pagó la trama y que tendrá que volver a declarar ante el TSJ, le tomó las medidas para los trajes a Camps en un hotel de Madrid.

- Relación con la justicia. "Yo creo, lógicamente, en la independencia del poder judicial", ha insistido varias veces Camps. Según el responsable de la Generalitat, es la oposición quien ha decidido que él tiene una relación "de forma especial" con el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa. Lo cierto es que fue Camps el que afirmó en un acto público: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". Camps, que no niega su afirmación, indica que se trataba de reiterar "por activa y por pasiva, de forma personal e institucional" que el Consell estará a la altura de las circunstancias en sus competencias en materia de Justicia. Lo que no ha aclarado el jefe del Consell es por qué mantuvo, en pleno escándalo y antes de que la pieza del sumario de Garzón fuese transferida a Valencia, dos encuentros con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia.

- Transparencia absoluta. En opinión del Consell y del PP, desde que estalló el escándalo, se ha hecho "un ejercicio de transparencia como nunca antes se había hecho en la historia democrática" de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que los populares han rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de información formuladas por los grupos de la oposición, pese a que el escándalo obligó a comparecer a todos los consejeros a petición propia, aunque fue flor de un día que no les ahorró nuevas críticas. Es cierto que el presidente Camps ha comparecido en sesión de control parlamentaria hasta en cinco ocasiones, pero no ha respondido a la gran mayoría de cuestiones directas planteadas.

- Ataque institucional. Camps y el PP consideran un "atentado" a la institución de Presidencia de la Generalitat las críticas de la oposición. Sin embargo, Camps, que ha llegado a plantearse la renuncia y ha pasado del rencor al perdón con aquellos que le han dicho cosas "horrorosas", insiste en plantear su defensa judicial como una cuestión personal que está desvinculada de su gestión al frente de la Generalitat y de la dirección regional del PP.