El fiscal pide archivar el ingreso por error de un turista en la cárcel

El procedimiento iniciado de oficio por la juez de Instrucción 3 de Granada a raíz del "error" que mantuvo en prisión a un turista durante cinco días la pasada Semana Santa debe ser archivado, según el fiscal. El Ministerio Público cree competente al juzgado granadino que incoó diligencias previas el pasado mes, pero considera que procede archivar las actuaciones porque los hechos "no pueden ser imputables a persona alguna a título doloso".

La titular del Juzgado abrió un procedimiento por posible falsedad documental y detención ilegal, según fuentes judiciales, toda vez que fue subsanado el error por el que un pacense de 30 años pasó sus vacaciones en el centro penitenciario de Albolote. Su detención se produjo en virtud de una orden de busca y captura que en realidad se dirigía contra otra persona con quien solo compartía su primer apellido. Tanto a la Policía como a la juez le llegó dicha orden con todos los datos de filiación del turista.

El afectado puede aún reclamar a la Administración por mal funcionamiento

Cuando se puso en libertad al ciudadano, la juez inició un procedimiento pero le correspondía al fiscal pronunciarse sobre si es competente para ello. La orden de busca y captura procedía de la Audiencia Nacional, que asegura que la emitió con los datos correctos y que cesó, de hecho, antes de que se detuviera al turista porque el delincuente con el que se le confundió se entregó y estaba ya preso en Castellón.

El fiscal, que considera que el origen de los hechos fue un "error de carácter informático", entiende que es el juzgado de Granada el competente para investigar lo ocurrido. Sin embargo, pide el archivo de las actuaciones porque los hechos "no pueden ser imputables a persona alguna a título doloso". Pese a ello, el archivo no impide la posible reclamación al agraviado por "mal funcionamiento de la Administración".

Ahora será la juez la que dé el siguiente paso por este suceso, que ha motivado de forma independiente una investigación del Ministerio del Interior. Existe también una información previa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para dar cuenta a la Sala de Gobierno.

Los sindicatos policiales responsabilizaron a la Guardia Civil de esa supuesta "grabación errónea" en la base de datos que ambos comparten y en la que aparecía en listas de requisitorias una persona contra quien no se dirigía procedimiento alguno.