Los ex consejeros de CCM acusan al equipo directivo de falsedad contable y engaño

Los consejeros de Caja Castilla la Mancha (CCM) destituidos de sus cargos tras la intervención por parte del Banco de España, acusan al equipo directivo de la caja de haber cometido "falsedad contable y engaño". Estas denuncias constan en el recurso de alzada presentado contra esa decisión ante el Ministerio de Economía. Fuentes cercanas a los ex consejeros han reconocido que estudian interponer acciones penales contra los directivos, encabezados por el director general, Ildefonso Ortega.

Asimismo, culpan al Banco de España de no haber cumplido el trámite de audiencia previa, de falta de motivación y de arbitrariedad. Los 14 consejeros, que aceptan la intervención, piden a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que declare nula y deje sin efecto alguno la resolución, así como la "reposición de sus funciones" al consejo, que fue destituido provisionalmente.

El recurso contra la destitución culpa al Banco de España de arbitrariedad

Paralelamente, el Banco de España ha incoado expediente disciplinario a los consejeros entre 2007 y 2008, lo que no necesariamente implica sanción.

El escrito, que entró en Economía el pasado miércoles 29 de abril y consta de 59 páginas, es rotundo. Según el consejo, que remite a las actas de las sesiones del consejo en 2008 y 2009, "resulta acreditado que el director general y el comité de dirección de CCM han venido -a lo largo de 2008 y hasta el día de la sustitución provisional del consejo- falseando aquellos datos, cifras y porcentajes con la finalidad de hacer creer al consejo, que no somos ni tenemos obligación de ser expertos en contabilidad financiera, que la evolución de la caja era positiva, y con la finalidad añadida de ocultar que la caja se hallaba ante una situación económica de excepcional gravedad para su propia estabilidad, su liquidez o su solvencia".

Sobre los datos, sostienen que el equipo directivo "mensualmente nos informaba de que el ratio de solvencia y de recursos propios era superior al legalmente exigido, hasta el punto de informarnos de que el balance al cierre de 2008 reflejaba unos beneficios antes de impuestos de 92 millones de euros".

Los consejeros aseguran que nunca antes del 27 de noviembre de 2008 fueron informados sobre la presencia del supervisor en la entidad. Añaden, asimismo, que el director general decidió en febrero de 2008 nombrar a los directivos Francisco Javier Sáiz y Gorka Barrondo (ahora nombrado director general por el Banco de España) "como interlocutores de la caja con los interventores sin solicitar autorización al consejo ni rendir cuentas y sin que estos directivos tampoco informaran sobre la evolución de la supervisión o sobre sus conclusiones".

También sostiene que, a la vista del requerimiento del Banco de España conocido el 27 de noviembre de 2008 por el consejo, "no podía deducirse que la entidad tuviera una situación de excepcional gravedad, salvo que ello fuera advertido por los directivos, cosa que no hicieron jamás".

Precisamente, el desconocimiento de la realidad lleva a "un error inducido que constituye causa de fuerza mayor que exonera al consejo de responsabilidad en relación con información suministrada por el equipo directivo", según el recurso. La defensa sostiene, además, que el Banco de España no cumplió el trámite de audiencia previa como obliga el artículo 33 de la Ley de Disciplina Bancaria. Según la ley, esta audiencia se puede saltar cuando el caso es de extrema urgencia; pero el escrito dice que se vulnera porque no se tiene en cuenta que implica una pública reprobación.

Por último, considera que el Banco de España operó con arbitrariedad "por haber vulnerado la Constitución y las normas de supervisión". "La simple lectura de las actas hubiera conducido a estimar diligente la actividad desplegada por los miembros sustituidos y a estimar negligente la del equipo directivo", ataca.