El PP defiende las diputaciones pero aboga por redefinir sus competencias

El PP urge una "redefinición y un ajuste competencial" de las diputaciones provinciales con la Xunta de Galicia para "evitar duplicidades y lograr un modelo de gobernanza más eficaz y eficiente". Así lo señala la ponencia política elaborada por Gerardo Conde Roa, Raquel Arias, Román Rodríguez y Pedro Arias, que se debatirá el próximo fin de semana en el marco del XIV Congreso del partido y que marcará su orientación política para los próximos años.

La ponencia refuerza la relegación de las baronías provinciales del PP, anticipada por las primeras decisiones de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta, quien las ignoró a la hora de configurar su Gobierno y, subsiguientemente, ha minado su influencia con el nombramiento de los delegados provinciales. La incidencia de estas decisiones cobra especial relieve en Ourense, donde ejercerá como delegado de la Xunta un rival del presidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar, y en Pontevedra, donde el nombramiento de una superdelegada para Vigo y su área metropolitana, rompe con la tradicional estructura administrativa provincial.

La ponencia que se someterá al congreso no concreta, sin embargo, cómo se articulará la nueva política.

Pasa a la página 2"Las diputaciones provinciales reforzarán, debido al despoblamiento de las áreas de más fuerte ruralidad, su papel de entes subsidiadores de los pequeños ayuntamientos", dice la ponencia. El PP apuesta por profundizar en su protagonismo de asesoramiento y de oferta de servicios técnicos (nuevas tecnologías, urbanismo, sostenibilidad, etcétera) a los municipios, afirma el texto, que hace un especial énfasis en la reorganización territorial como un reto de la modernidad consecuente con el "protagonismo creciente en la acción pública" que ha adquirido el territorio.

La administración territorial y local debe enfrentar los nuevos retos desde la concepción de Galicia como "una ciudad única, estructurada a partir de un sistema urbano policéntrico que es necesario cohesionar social, económica y territorialmente", señala la ponencia, que apunta como un eje vertebrador primordial el que marcan las dos grandes áreas urbanas "de naturaleza metropolitana", A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra.

Este área Vigo-Pontevedra queda, sin embargo, sin definir y su propio enunciado podría entrar en contradicción con el reconocimiento individual del área metropolitana de Vigo, explícito en el reciente nombramiento de Lucía Molares como superdelegada de la Xunta "para Vigo y su área metropolitana" de 14 municipios, que el PP viene defendiendo desde su presentación a la última Xunta que presidió Manuel Fraga.

Aunque la ponencia señala que "la acción de gobierno en materia territorial debe fundamentarse en la planificación, en la coordinación interadministrativa y en la integración de las distintas políticas sectoriales que interactúan en el territorio", no concreta la manera en que esos factores se articularán en Pontevedra, la provincia donde la redefinición se hace más perentoria precisamente por el choque competencial que puede derivarse del reparto de atribuciones entre la superdelegación de Vigo y la Diputación, que también tendría que cederlas a la otra delegación de la Xunta con sede en la capital provincial.

La ponencia apunta la necesidad de diseñar "nuevos entes multinivel de gestión pública" para la prestación de los servicios colectivos, donde el asociacionismo municipal (consorcios, áreas metropolitanas, mancomunidades) está llamado a jugar un papel determinante, máxime en los actuales tiempos de crisis.

En este contexto, los problemas de financiación municipal requieren "especial atención", dice la ponencia, "a fin de reducir la dependencia de las arcas municipales de las actividades vinculadas con la construcción", para lo que vuelve a aludirse a "una redefinición competencial" que, no obstante, ni siquiera se esboza. La Diputación de Pontevedra marcó la semana pasada una salida propia en la aprobación de los presupuestos. Con el argumento de acudir en ayuda de los ayuntamientos, el organismo provincial se quedará en 2012 a un punto del máximo de endeudamiento permitido, lo que anula severamente sus posibilidades de canalizar ayudas a partir de esa fecha.

La ponencia insta para mayores precisiones a la aprobación de las Directrices de Ordeación do Territorio y del Plan do Litoral. Tampoco escapan a la tónica de ambigüedad sus propuestas en relación con el idioma gallego, "un elemento de cohesión y convivencia política". Se limita a apostar por una educación trilingüe y obvia cualquier referencia a la libertad de elección de idioma por parte de los padres, sin concretar más el modelo.