La hoja de ruta de Quintás

Cuando un directivo está próximo al final de su carrera profesional y además es consciente de que está viviendo momentos trascendentales, la sinceridad aflora. Incluso para enmendar la plana a las autoridades. Esto es lo que ocurrió hace unos días con la conferencia de Juan Ramón Quintás (A Coruña, 1943), presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Todavía no se ha reunido con la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Quintás cree que hay que darse prisa en poner en marcha el plan de ayudas al sistema financiero porque, tras las próximas elecciones europeas, los nuevos responsables pueden poner dificultades para que cajas y bancos reciban ayudas similares a las de otras entidades europeas.

"Puede haber competencia desleal. Hay que aprovechar que ahora la UE no puede negar nada", dice. Por eso, además de pedir planes de emergencias "para catástrofes" hizo pública su hoja de ruta en la que dividió las entidades en cuatro categorías: las primeras, las que tengan "alta solvencia, que no deben recibir ningún tipo de ayudas públicas". A continuación, está un grupo numeroso en España: las que "no tienen problemas, pero su solvencia está próxima al mínimo regulatorio. Estas entidades no deben recibir ayuda salvo que se quiera que den créditos", apuntó con ironía.

El tercer grupo es el más peligroso. "Las entidades viables pero con dificultades, las que tienen el ratio de solvencia por debajo del 8%, el mínimo exigible, pero con un proyecto viable a medio plazo. A éstos, el Estado o el Banco de España debería ofrecer avales mediante emisiones de preferentes que contabilicen como capital, pagados a precio de mercado". Estas entidades deberían vender negocios no estratégicos.

El vagón de cola lo forman bancos y cajas "que no son viables. Las autoridades deben acabar con ellas". Pero, eso sí, sin que sea más caro el cierre que mantenerlas abiertas. A continuación, lanzó Quintás su dardo más amargo contra el Banco de España al sugerir que el rescate de Caja Castilla La Mancha costará más al Estado que las ayudas públicas que pedía Unicaja para quedársela.