El Tupolev que acabó en Via Laietana

Los caminos de la justicia no son inescrutables, pero a veces resultan singulares. En el Juzgado de Primera Instancia 34 de Barcelona quedó ayer visto para sentencia un juicio por el accidente aéreo ocurrido el 1 de julio de 2002 al sur de Alemania y en el que murieron 71 personas al colisionar a 11.000 metros de altura un Boeing 757 de carga y un Tupolev 154 ruso.

El avión ruso debía aterrizar en El Prat. Por eso y porque un tribunal de Nueva Jersey (EE UU) se declaró incompetente para enjuiciar a las compañías demandadas, el caso ha acabado en un juzgado de Barcelona. En el avión siniestrado viajaban, entre otros, 43 niños y jóvenes rusos. Habían sido escogidos de entre los mejores estudiantes de la república de Baxquiria y venían a disfrutar de unas vacaciones en Port Aventura. Los padres de algunos de ellos se concentraron ayer a las puertas del juzgado para exigir justicia.

Los padres de los 43 niños rusos reclaman 600 millones de dólares

Su abogado, Carlos Villacorta, ha demandado a las compañías norteamericanas Honeyell y ACSS, a las que reclama 600 millones de dólares. Sostiene que se produjo un funcionamiento deficiente del dispositivo de seguridad TCAS. Inicialmente, ese mecanismo advirtió al piloto del Tupolev de que debía ascender para evitar la colisión, pero la tripulación descendió al hacer caso de la orden de la torre de control de Suiza, que tenía cedida la supervisión del espacio aéreo en aquella zona. El abogado sostiene que, pese a todo, el TCAS está programado para invertir la orden cuando no se le hace caso, pero no ocurrió así y no se activó la alarma de inversión.

Varios controladores suizos ya fueron condenados por su actuación, pero ninguno tuvo peor destino que el principal acusado, que murió asesinado por un padre que perdió a su mujer y sus tres hijos en el accidente. Dos tiros acabaron con su vida en su domicilio, en presencia de su mujer y sus hijas, pero el homicida fue dado por loco y repatriado a su país, donde fue recibido entre multitudes.

Otro juzgado de Barcelona ya condenó en su día a resarcir a cada familia con 20.400 euros, pero nunca llegaron a cobrar porque la aerolínea desapareció y la aseguradora quebró. Los padres siguen confiando en la justicia. "Por eso hemos venido a Barcelona", dijo ayer Zulfart Jammator, presidente de la asociación de víctimas.