Hernández dirigirá la política ambiental

De los diez miembros del Gabinete, que hoy celebrarán su primer Consello de la Xunta, sólo Alfonso Rueda, titular de Presidencia y mano derecha de Feijóo en el partido como secretario general, acredita una trayectoria política en primera línea. El resto ha tenido muy poca implicación en la vida orgánica del PP. Ni siquiera en los años en que Fraga ocupaba toda la cúspide del poder un líder de los populares gallegos había dispuesto de tanto margen de maniobra para confeccionar un Gobierno. Feijóo ha enterrado las cuotas territoriales y las cesiones a las baronías, que han sido ignoradas olímpicamente. Eso sí, la adscripción política de los nuevos conselleiros más implicados en el partido los sitúa en la misma órbita del propio Feijóo, la que proviene del viejo sector del birrete de Romay Beccaría y Mariano Rajoy.

Ni siquiera Fraga tuvo tanto margen para hacer un equipo a su medida

Guerra centralizará la estrategia de promoción y apoyo a las empresas

El presidente también ha escenificado un golpe de autoridad dando entrada en el Ejecutivo al cuestionado Agustín Hernández, el diputado por Pontevedra a quien el bipartito, ya en funciones, abrió un expediente por vulnerar la Ley de Incompatibilidades tras conocer que fue fichado por dos constructoras a las que adjudicó contratos cuando ocupaba la Dirección General de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga. Hernández no sólo entra en el Gobierno sino que se convierte en uno de sus hombres fuertes al frente de una macroconsellería que une las competencias de Medio Ambiente, Infraestructuras y Vivienda.

Esa reordenación de funciones ya había sido anunciada por Feijóo durante la campaña, pero en las últimas semanas los propios técnicos del PP mostraban reticencias ante una solución que implica unir en un mismo departamento las obras públicas y los organismos encargados de velar por que los proyectos de infraestructuras cumplan los requisitos medioambientales. De hecho, el equipo de Feijóo llegó a considerar la separación entre Obras Públicas y Política Territorial, pero finalmente se optó por unirlo todo. Por el flanco de Hernández ya empezó a atacar ayer la oposición. Los portavoces del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, y del BNG, Carlos Aymerich, lamentaron que sea aupada a conselleiro una persona que presuntamente vulneró la Ley de Incompatibilidades. "Medio Ambiente queda subordinado a los intereses de las grandes empresas", afirmó Aymerich, mientras que Leiceaga daba por "caducado" el compromiso de Feijóo con la ética y la regeneración democrática.

Otra de las sorpresas del nuevo Gabinete es la separación entre Facenda y Economía, dos departamentos que, aun divididos, tendrán gran peso en el equipo del nuevo jefe del Ejecutivo. Para Facenda la escogida es Marta Fernández Currás, una profesional muy reconocida, que llegó a ser interventora general de la Xunta con el bipartito, hasta que cesó en el cargo, en 2007, por un enfrentamiento con el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio. Currás es de las que tiene los asuntos más apremiantes sobre la mesa: la modificación del Presupuesto y las negociaciones sobre la financiación autonómica. Fuentes del PP dan por hecho que asumirá también las atribuciones de función pública.

Lo que ahora se llamará Consellería de Economía e Industria será, en realidad, un departamento dedicado a la promoción empresarial, que gestionará todos los organismos de crédito y fomento a las iniciativas privadas. El nombre de su titular es una de las apuestas más personales de Feijóo, Javier Guerra, un exitoso empresario vigués que ha sido además ejecutivo en España de multinacionales como Nike. Frente a la crisis, el presidente quiere apostar por una persona que conoce la economía real, sin veleidades teóricas, a la que ha encargado que sea selectivo en el reparto de ayudas y se concentre en el fomento a iniciativas verdaderamente viables.

En contra de lo que se preveía, el organigrama preserva un departamento específico para Cultura, que lleva aparejado Turismo, y devuelve a Educación la Política Lingüística.