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Reportaje:

Atrapados en el chabolismo vertical

Alrededor de 450 familias de etnia gitana de la ciudad de Valencia abocadas a la exclusión habitan en viejos bloques de pisos que en realidad son infraviviendas en pésimas condiciones

Desde aquí se atisba el demoledor lujo playero del hotel Balneario Las Arenas de Valencia, con esa arquitectura apabullante que evoca el Xanadú de Ciudadano Kane. Se puede observar de manera perfecta desde uno de los bloques más precarios y habitados de la ciudad. "Esta finca tiene 50 años", comenta un hombre de casi 60, "y vivimos en ella muchas familias de antiguo". Quiere aparecer aquí como Mateo, es vendedor ambulante -hay días que sólo ingresa 20 euros- y prefiere que no se diga exactamente dónde está ese bloque (teme que la administración local haga algo). "Ahora no deja de venir gente a ver si puede encontrar pisos vacíos". Él es gitano autóctono, como muchos en la zona (el 4% de las casas que habitan los gitanos valencianos son infraviviendas). Pero cada vez más, aparecen por allí no gitanos. Gente nacional y extranjera, "rumanos y gente de Marruecos", cuenta su mujer. "Buscan piso sin un propietario claro para dar la patada y vivir donde sea. Es gente que trabajaba y se ha quedado sin nada".

Está previsto que los desahucios crezcan este año casi un 200%

A diferencia de éstos, Mateo es propietario de su pequeña planta baja. La compró por muy poco. El bloque, por fuera, desprende cochambre, aunque el interior del hogar aparece muy aseado. La calle está sin asfaltar. En ella se han visto ratas tan grandes como gatos, que se han comido hasta piezas internas de los coches. "Pero llamas para que fumiguen y no vienen". Aquí no se vende droga ni hay delito. Los que viven aquí no lo permiten.

La casa de Mateo tiene 45 metros cuadrados y han llegado a vivir juntas una docena de personas. Ahora, sólo tres, pero la crisis puede hacer que a casas como ésta regresen hijos, familia que ha perdido su oportunidad en la vida. Los embargos se han duplicado y está previsto que los desahucios crezcan este año casi un 200%. Los que no tienen familia para guarecerse, agujerean tablones que tapian casas deshabitadas que salpican Els Poblats Marítims de Valencia. Algunas de éstas fueron vivienda social. Otras no se sabe de quiénes son. De algunas, el propietario no se hace cargo. Más que nunca, se las busca para ocupar. Que no okupar. "Te toca hacerte valer para que no venga otro y quiera ponerse donde tú", dice una mujer española, instalada junto a cuatro hijos.

Helena Ferrando, coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano en Valencia, indica que, sólo en la franja marítima de la ciudad, "hay casi 150 familias de todo tipo censadas en situación de chabolismo vertical". Es decir, habitantes de infraviviendas, de habitáculo en las condiciones menos recomendables. En estos casos, se suele multiplicar por cinco la cifra por familia para acercarnos al número de individuos afectados. En el barrio de San Marcelino, se encontrarían 300 familias más. Algunos cálculos apuntan que, en el último año, el número de afectados ha crecido en un 30%. "Si se vuelve a ese entorno por la crisis tras haber salido de él, es la peor situación posible: esa generación no se salva". En un reciente congreso sobre exclusión social celebrado en Valencia, se insistió en que los servicios sociales no toman un papel dinámico en estas situaciones. "Vivimos el racionamiento de los servicios sociales, que ya de por sí padecen una situación estructural de riesgo", indicó Demetrio Casado, vicepresidente del Patronato de la Fundación Foessa. "Y vemos que el chabolismo horizontal, sea en descampados, fábricas o alquerías, se erradica con desalojos", insiste Helena Ferrando, "pero se traslada al formato piso".

La concejala municipal de Bienestar Social e Integración, Marta Torrado ha dicho alguna vez que las personas en asentamientos chabolistas "han rechazado la ayuda municipal que se les presta". Se refiere a "programas y recursos como plazas de albergue concertadas, prestaciones económicas regladas, ayudas de emergencia". Pero la mayoría de las veces, los afectados no suelen entender la situación -más aún si son inmigrantes-, y, si no están empadronados, sólo tienen derecho a la atención de urgencia.

Según el Censo de Vivienda Precaria de 2007 que baraja el Ayuntamiento, el número de asentamientos con 5 o más viviendas era de 10, y el total de personas, 376. Ahora bien, las cifras indicadas desde el Secretariado Gitano apuntan que la situación de la infravivienda afecta a mucha más gente. Por su parte, a finales del año pasado, la Federación de Asociaciones de Vecinos ya contabilizó doce asentamientos en Valencia. En Ciudad Fallera, en la Fonteta de Sant Lluís, en Marxalenes (donde los inmigrantes que ocupan una fábrica están en el punto de mira). Hay chabolistas portugueses en La Torre que entran a casa por un agujero. Junto a los pisos patera en los que los inmigrantes duermen por turnos, todo da cada vez más vértigo.

La ley lo complica todo

La ocupación de un piso que hace de vivienda o de segunda residencia -y que se puede demostrar que lo es- se considera allanamiento de morada, y se denuncia. "Pero llegar a algún sitio en cualquier situación de ocupación se vuelve mucho más complejo cuando se trata de propiedades sobre las que el supuesto dueño no ha ejercido ningún control o tiene virtualmente abandonadas", explica el letrado Sergio Martínez Llodrá, conocedor directo de la materia. "Porque entonces, son los derechos del inquilino en precario los que prevalecen especialmente". Como la administración no da solución al problema de la ausencia de vivienda, una situación que puede llegar a ser injusta -la de tener un inquilino en precario- acaba siendo asumida por el sistema como un parche para que no haya especiales problemas de vagabundeo, o peor. Lo mismo sucede con las absurdas rentas de alquiler baratísimo que aún se dan en ciertos viejos inmuebles, según la derogada ley de arrendamientos urbanos del 64. Aunque, ciertamente, los propietarios, suelen finalmente dejar de arreglar cualquier cosa en las casas, y éstas se convierten en infraviviendas. Como los inquilinos, normalmente, sin dinero, no pueden irse, todo va a peor. "Son susceptibles de ser ocupadas las casas con herencias latentes -no tomadas por herederos a causa de desacuerdos-, inmuebles abandonados que el dueño actual no puede demostrar que son suyos, o propiedades de la administración que no se usan desde hace una eternidad", explica Martínez Llodrá. Sólo cuando el desalojo se lleva a cabo por acción directa de la administración pública, se produce rápido. Paradójicamente, se puede crear la situación injusta ya no para el propietario, sino para el desalojado, que no suele tener posibilidad de establecerse en ninguna parte, y queda desamparado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de abril de 2009

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