Costas recurre la ley gallega que salvaba viviendas en primera línea
Medio Ambiente corta los intentos autonómicos de suavizar la norma general
El Consejo de Ministros acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la parte de la Ley de Vivienda gallega que legalizaba miles de viviendas en primera línea de playa. La norma fue una de las últimas iniciativas del ex presidente socialista Emilio Pérez Touriño. A través de una enmienda declaraba que en algunos suelos rurales la distancia a la que se podía construir era de 20 metros en vez de los 100 que marca la Ley de Costas. El recurso es importante porque otras comunidades estaban pendientes de este caso para seguir la misma senda si el Gobierno no recurría la norma, algo que veían posible al ser la ministra Elena Espinosa socialista y gallega como Touriño.
En la explicación sobre el recurso, el Gobierno recuerda que "la Ley de Costas prevé, con carácter general, que la servidumbre de protección deba tener una anchura de 100 metros desde el límite del litoral". Sólo en los casos en los que el suelo estuviera calificado como urbano en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas, esa anchura se reduce a 20 metros. "Sin embargo, la disposición que va a ser recurrida establece que esta anchura excepcional de 20 metros se extienda a otro tipo de supuestos urbanísticos, lo que desvirtúa la Ley de Costas", argumenta el Ejecutivo. El Consejo de Estado emitió un dictamen favorable al recurso.
Canarias tramita un recorte aún mayor que también acabará en el Constitucional
La enmienda decía que los deslindes de Costas -el trámite en el que la Administración delimita la parte pública y privada del litoral- se atendrían a lo fijado por la Xunta, con el objetivo de fijar los 20 metros en núcleos rurales que no eran oficialmente urbanos en 1988. Con esta decisión no sólo salvaba miles de viviendas en núcleos como Marín (Pontevedra) sino que convertía en urbanizable grandes extensiones de terreno en la primera línea.
Canarias tramita una ley autonómica que rebaja la Ley de Costas al autorizar casas construidas sobre la arena por su valor etnográfico. El portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Barragán, declaró a este diario el pasado marzo: "Nuestra ley es similar a la gallega, ya que ellos la copiaron. Si el Gobierno no recurre ésa no podrá hacerlo con ésta".
Con esta decisión, el Gobierno sienta un precedente, y previsiblemente recurrirá también la canaria -que va más allá que la gallega en el recorte-. La norma gallega salvó un escollo electoral importante para el Gobierno gallego durante la pasada campaña.
Tras suavizar la Ley de Costas a través de la Ley de Navegación Marítima, los ecologistas temían que también admitiera esta vía de rebajar la ley. Costas se ha caracterizado por dejar caducar los proyectos emblemáticos de demolición que inició la pasada legislatura la ministra Narbona, como el del Hotel del Algarrobico, el Papagayo de Lanzarote o dos torres de 22 plantas junto al mar en Benidorm.
Narbona recurrió un decreto similar también en Galicia y la Ley de Puertos de Andalucía por atribuirse competencias del Gobierno en materia de costas.
Batalla en el litoral
- La Ley de Costas de 1988 declara ilegales las casas a menos de 100 metros del mar, excepto las ya construidas en suelo urbano.
- Galicia hizo su ley por la que legalizaba algunas viviendas a 20 metros del mar pese a ser suelo rústico.
- El Gobierno recurre la ley al Constitucional y da un aviso a comunidades como Canarias que seguían el mismo camino.
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