Los sindicatos policiales se querellan contra el "ataque temerario" de Pumpido

Los policías nacionales no están dispuestos a dejar pasar sin más la acusación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de que este cuerpo no atiende las indicaciones de la fiscalía para aportar informes en los procedimientos de impugnación de las candidaturas del entorno de ETA. Ayer, lo dejaron claro: con una querella.

En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos policiales -SUP, CEP, UPF y SIP-, que agrupan a la inmensa mayoría de los agentes, aseguran que se trata del "ataque más duro, injustificado, temerario y desleal" contra la policía "desde el advenimiento de la democracia". Por este motivo piden que Conde-Pumpido "asuma en sede judicial la responsabilidad de las acusaciones vertidas". En el documento señalan además que a través de esas declaraciones el fiscal general "ha imputado a 61.000 funcionarios un comportamiento delictivo, especialmente en una materia tan sensible como es la lucha antiterrorista".

"Ha imputado a 61.000 funcionarios un comportamiento delictivo", aseguran

Los policías reclaman tanto a los mandos policiales como a los responsables políticos del Ministerio del Interior (con los que están enfrentados por cuestiones laborales y sociales) que salgan "al paso en el caso de que alberguen un mínimo de lealtad y ética". "Su silencio les convierte en cómplices de un ataque injusto e irresponsable", concluyen.

El Gobierno se pronunció sobre este asunto por boca de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien dio el respaldo del Ejecutivo al trabajo de los agentes. De la Vega aseguró que todo se debe a un malentendido ya aclarado, "que no ha afectado a ninguna investigación en curso, ni se ha producido ninguna consecuencia". "Quiero dejar meridianamente claro para que no haya la más mínima sombra de duda que el Gobierno tiene plena y total confianza en el trabajo que lleva a cabo la policía", que "trabaja con esfuerzo, con eficacia y abnegación (...). Buena parte de las investigaciones que se han producido con el tema del entorno de ETA provienen de la policía". De la Vega ratificó, por otro lado, la confianza del Gobierno en Conde-Pumpido.

La supuesta falta de coordinación entre fiscalía y policía ya propició un encuentro entre representantes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Comisaría General de Información de la policía, antes de las elecciones vascas de marzo, semanas antes de que se impugnaran las listas electorales de las formaciones D3M y Askatasuna. En ese encuentro, se acordó que la policía entregaría dos copias de sus informes al juez Garzón y que éste debía dar traslado de una de esas copias a la fiscalía. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, este cuerpo no atendió la petición de otros informes al margen de los encargados por el juez.

El líder del PP, Mariano Rajoy, criticó que el presidente "no tome una decisión" en relación con el fiscal general, porque "no es normal" la acusación de Conde-Pumpido. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales lamentó que se haya aireado este tema, que debía haber sido resuelto de forma "más prudente", a nivel interno, informa Servimedia. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, declaró a Efe que no hay "ningún tipo de controversia ni falta de cooperación" entre la Fiscalía del Supremo y la Policía.