Partidos y sindicatos rechazan la reforma de la ley de cajas de ahorros
El Gobierno asegura que no hay nada cerrado y que se trabaja en ello
Antes siquiera de que el Gobierno haya adoptado una propuesta sobre la reforma de la ley de cajas, la idea ha provocado el rechazo de partidos políticos y sindicatos. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esa reforma aún está verde y que será la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado, la encargada de presentar "las nuevas medidas de respaldo al sistema financiero" cuando estén listas, sin comprometer una fecha. De la Vega calificó de "especulaciones" lo que se diga entretanto.
En realidad, hay dos reformas en paralelo sobre las que trabaja Economía. De un lado, un fondo de recapitalización de entidades que atraviesen problemas, cuyo estudio está más avanzado, y en segundo lugar, la posible reforma de la ley de cajas para su despolitización.
De la Vega se desmarca de las críticas de Corbacho al Banco de España
Sobre este último punto, el Banco de España ha hecho una propuesta -que ha sido trasladada al PP- que incluye dar derechos políticos a las cuotas participativas, una especie de acciones de las cajas. Ese punto es rechazado de plano por los sindicatos por considerarlo un paso hacia la privatización de las cajas.
El secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, señaló ayer que no le consta que el Gobierno haya entregado a su formación ningún borrador para una nueva ley de cajas: "No me consta, e incluso me extrañaría mucho que quieran negociarlo".
El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, también ha mostrado su rechazo a una reforma. El director general de La Caixa, Juan María Nin, coincidió ayer con Montilla en que el modelo de funcionamiento de las cajas en Cataluña es "extraordinariamente positivo" y por tanto descartó la necesidad de "reformas". Nin defendió las bondades del sistema catalán, ensalzado como modélico por la CECA frente al de otras comunidades autónomas, informa Amanda Mars.
CiU y el PNV tampoco parecen dispuestos a apoyar una reforma de la ley de cajas que merme sus competencias, y están quejosos de que sea el Banco de España el que parezca adoptar la iniciativa legislativa.
De la Vega también se refirió ayer a las discrepancias entre las afirmaciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sobre el futuro de las pensiones, asegurando que están "dentro de la absoluta normalidad".
Corbacho criticó el jueves a Ordóñez, quien había reclamado en la comisión del Pacto de Toledo la aplicación rápida de medidas que garanticen la viabilidad de las pensiones. Fernández Ordóñez dijo que "se ha producido un rápido deterioro del superávit [de la Seguridad Social], que incluso podría desaparecer en un año". El ministro le negó airado un posible déficit "este año", algo diferente a lo que dijo Ordóñez, le acusó de "jugar con la tranquilidad de los pensionistas" y le espetó que esperaba que fuera "la última vez" que tuviera que discrepar del Banco de España.
De la Vega se desmarcó de ese tono e intentó quitar ayer hierro al enfrentamiento. Aseguró que "el Banco de España es una entidad que actúa con autonomía" y que "asesora al Gobierno con los estudios que resulten procedentes", pero que eso no quiere decir que siempre tengan que estar de acuerdo. La vicepresidenta reiteró que la Seguridad Social se cerrará este año con superávit y que el futuro de las pensiones "está asegurado". La oposición pedirá la comparecencia de Corbacho para dar cuenta de la situación del sistema de pensiones.
Preguntada sobre si el Gobierno está cómodo con Ordóñez, De la Vega señaló que el Ejecutivo está "comodísimo" con el gobernador del Banco de España y que el debate está dentro del "funcionamiento normal de las instituciones".
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