Angustia a las puertas de la fresa

"Estoy en Europa pero sin comida. Volveré a mi país porque la crisis es muy dura. No tengo nada para mi esposa y tres hijos que esperan en Senegal". Yero Ba está a un paso de rendirse. Sólo esperará hasta mayo para una última oportunidad, cuando el desmontaje de los invernaderos de la fresa en la costa onubense requiera mano de obra.

El aluvión de inmigrantes que Huelva ha sufrido este año ha desbordado la campaña fresera por la virulencia de la crisis. Desde que la recogida empezó el pasado febrero, más de un millar de inmigrantes subsisten en condiciones muy precarias a las afueras de pueblos como Moguer, Palos de la Frontera o Lepe. A la espera de un trabajo para doblar el espinazo que no llega. Las ONG duplican la cifra de los asentamientos hasta las 2.000 personas.

"Lo que encontré es impresionante, mucho peor de lo que pensaba"

Estos recolectores frustrados, en su mayoría de Malí y Senegal, han levantado chabolas con cartones y plásticos para protegerse de la lluvia y sobreviven gracias a la ayuda de Cáritas, Huelva Acoge y Cruz Roja. Con papeles, sin papeles, subsaharianos, marroquíes, rumanos... estas personas han llegado de todo el país para pedir hueco en una campaña colmada por las contrataciones en origen. Apenas hay mujeres. La desesperación cunde y muchos confiesan que mañana volverían a su país si pudieran.

La inmensa mayoría rechaza ser entrevistado. Recelosos, vinculan la presencia de periodistas y sus noticias con la visita de la Guardia Civil para arrasar sus campamentos, que ha ocurrido siempre días después. "No puedo comer con gente alrededor mirándote sin haber comido", explica Tidiani Sabaly, maliense de 35 años, frente a la olla que cocina arroz con fuego de leña.

"Es una situación caótica porque las ayudas de alimentos de Cáritas son semanales. Este aluvión ha sido extraordinario y hace falta una red de albergues... pero ¿quién le pone el cascabel al gato?", se pregunta un agente del Equipo de Atención al Inmigrantes (Edati) de la Guardia Civil. La red de albergues es muy escasa, y sólo crecerá la próxima temporada con uno de 500 plazas en Lepe.

Los ayuntamientos se escudan en que carecen de medios económicos, o denuncian los campamentos por ocupar terrenos municipales para su destrucción. Mientras, las personas se limitan a ver cómo las excavadoras derriban sus chabolas, trasladarse 500 metros, y volver a levantarlas. "Hemos puesto 10 ó 12 denuncias contra ellos. Cuando se denuncia, se detiene a unos pocos, pero por lo menos unos pocos que nos quitamos del medio", afirma el alcalde de Moguer, José Volante.

Esta dinámica para minar los esfuerzos por sobrevivir en los pinares, cuenta con escasas discrepancias. El alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, es una de esas voces: "Hemos denunciado una vez, pero invitados por Subdelegación, aunque para mí no tiene mucho sentido porque en algún sitio tienen que dormir".

El Alto Consejo de Malienses en España protesta por cómo los inmigrantes están "abandonados a su suerte". Su presidente, Sidibe Moussa, denuncia cómo muchos de ellos se dedican a recoger comida en los contenedores de basura. "Lo que me he encontrado es impresionante, mucho peor de lo que pensaba".

Los empresarios alegan que no están obligados a dar alojamiento a estas personas. Pero el hambre no entiende de papeles y convenios internacionales. "Huelva no es como Jaén [donde los albergues también se desbordaron en la aceituna el pasado otoño]. Aquí el trabajador, si no tiene contrato en origen, no trabaja", expone José Manuel Romero, presidente de Freshuelva.

La crisis ha devuelto a muchos onubenses a los liños desde el andamio, y ello ha reducido el número de marroquíes de esta campaña y ha expulsado a los subsaharianos. "En dos meses he trabajado dos días", confía Sabaly.