La pertenencia de El Pardo a la Red Natura limita los planes de Aguirre

La pertenencia del monte de El Pardo a la Red Natura, un circuito legal de protección ecológica de inspiración europea, limita los planes de Esperanza Aguirre de ver autorizado su propósito de perforarlo con un túnel de diez kilómetros de longitud. Por ello, el alborozo con el que el miércoles recibió el acuerdo dado por el ministro de Fomento, José Blanco, a la conexión de la M-61 con la vía estatal de circunvalación de Madrid, M-50, para ser pleno, deberá sortear aún importantes requisitos legales, más la oposición de organizaciones ecologistas y de parte de la oposición del PSOE e Izquierda Unida.

El Monte de El Pardo es considerado el pulmón ecológico de la ciudad, con un millón de árboles y miles de mamíferos y aves dentro de su ámbito de 15.872 hectáreas de encinar mediterráneo. Su extensión coincide a grandes rasgos con la del casco urbano de Madrid. Si prospera el proyecto para tunelarlo para el tráfico automovilístico, su naturaleza se verá sustancialmente transformada, posibilidad que es vista con recelo por amplios sectores. Decenas de miles de madrileños y forasteros visitan semanalmente esta zona, de la cual 900 hectáreas son de acceso al público.

El Ministerio de Medio Ambiente deberá aprobar las obras del túnel

El monte es un pulmón ecológico de Madrid, con un millón de árboles

El primer acto del proceso hacia la perforación del Monte de El Pardo fue escenificado con el acuerdo alcanzado el miércoles. Sin embargo, el plan sólo tendrá fundamento si el proyecto que presente Aguirre no sólo se atiene, como parece obvio, a las leyes medioambientales de la Comunidad de Madrid, sino también a la directiva europea que aplica el Estado español a proyectos de esta envergadura.

Los túneles se adentrarán bajo un espacio protegido que es considerado en la ley 44 de 1995 como bien de titularidad estatal con la calificación jurídica de Bien de Patrimonio Nacional. Esto legalmente le guarece con un plan de Protección Medioambiental propio, de agosto de 1997, con cauciones protectoras sobre su flora, fauna, aguas, atmósfera y ecosistemas, subsuelo incluido.

Se da la circunstancia de que la construcción, sobre el río Manzanares, del embalse de El Pardo, que tiene 340 hectáreas de extensión, alteró el nivel de las aguas subterráneas en la zona, como reconocía recientemente un ingeniero civil de la compañía ACS durante la reciente presentación al público de la reformada Casita del Príncipe, uno de los recintos palaciegos que se encuentran en las inmediaciones del monte y que se vieron afectados por ello. Si prospera el proyecto, el impacto alterará igualmente la capa freática, con presumibles efectos sobre su flora y arbolado.

La proximidad de todo este patrimonio a los riesgos de una obra de envergadura como la tunelación de su subsuelo abrirá la posibilidad de impugnar ante los tribunales, tanto a particulares como a instituciones, cualquier plan que los ponga en peligro.

El Ministerio de Fomento "no ha dado luz verde a plan alguno de cierre de la M-50 a través del Monte de El Pardo, únicamente ha dado autorización a la Comunidad de Madrid para realizar una conexión entre una carretera regional, la denominada M-61 y una vía estatal como la M-50". Así lo precisó ayer un portavoz ministerial. "Ahora compete al Gobierno regional de Madrid elaborar un proyecto [aún no presentado] que cumpla la normativa de la propia Comunidad de Madrid, más la legislación estatal medioambiental al respecto y la regulación europea sobre igual materia", añadió.

Fuentes del Gobierno regional, por su parte, insisten en que la Comunidad de Madrid tiene fuero propio para culminar ese proyecto, en el sentido de que no necesita someter su designio ante ninguna instancia, ya que posee libertad de actuación sobre sus propias carreteras y se atiene a la normativa medioambiental que ella misma administra. El Gobierno regional, para evitar problemas ulteriores, definió como carretera regional la M-61, que unirá la A-1 Madrid-Burgos, con la A-6, Madrid A Coruña.

Buena parte de los equívocos existentes al respecto de quién ha de fiscalizar la idoneidad legal de este tipo de trazados procede de que las leyes adoptadas por la Asamblea de Madrid, como las que rigen los aspectos medioambientales, son gestionadas por el propio Gobierno regional. Ahora bien, cuando esas leyes conciernen a espacios adscritos a normas de superior rango, como las prescritas por la inserción del Monte en la denominada Red Natura 2000 -fruto de una aplicación a España de una directiva medioambiental comunitaria europea- todo proyecto deberá constar de un plan de impacto medioambiental susceptible de fiscalización estatal.

Por ello, la puntualización emitida ayer por el Ministerio de Fomento coloca los relojes a cero en un proceso que, si bien ha superado su primer gran obstáculo, se adivina laborioso hasta que culmine su propósito de cruzar el monte de El Pardo. El futuro plan, cuyo anteproyecto recibió hasta 5.200 alegaciones, una vez sea presentado, deberá reunir requisitos que habrán de pasar por el cedazo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que rige Elena Espinosa.