"Nos han engañado, no quiero irme"

La Consejería de Bienestar Social procedió ayer con los desalojos paulatinos de la residencia pública de ancianos Aitana, emplazada en pleno centro histórico de la ciudad de Alicante, pese a la negativa de los mayores a abandonar las instalaciones. Al filo de las 11 de la mañana, uno a uno subían a los ocho ancianos al vehículo que los trasladaría a otros centros de mayores.

Los usuarios, la mayoría con más de una década como residentes en este centro, denunciaron el trato que les dispensa la Generalitat, a la que acusaron de obligarles a abandonar "su casa y su familia por intereses económicos". "Tenemos mucha pena. Nos han engañado. Yo no me quiero ir, pero qué voy a hacer", rezongó Rosario. Esta mujer, de 81 años, residente desde hace ocho en el centro, relató los beneficios que aporta la residencia Aitana por su céntrica ubicación. "Aquí todos podemos pasear, tener una vida absolutamente normal. Y ahora nos obligan a cambiar".

La consejería afirma que el centro atenderá a personas dependientes

Aitana es, según el secretario provincial de Sanidad y Bienestar Social del PSPV en Alicante, Luis Briñas, la única residencia para válidos (ancianos con un buen estado de salud y, por tanto, independientes) por lo que muchos se enfrentan ahora a una "dura" situación. "Acostumbrados a llevar una vida normal, los trasladan a residencias con ancianos con un precario estado de salud, lo que acaba provocándoles auténtica angustia", prosigue Ángel Espinar de CC OO.

Al ver a algunos periodistas, Kati Galindo, otra de las residentes de 65 años, se dirigió para clamar: "Quiero que sepa todo el mundo el trato que da la Generalitat a los mayores. El consejero miente". Fuentes de la Consejería de Bienestar Social aclaran que las viejas instalaciones serán remozadas para reconvertir el centro Aitana en una residencia de personas dependientes.

Pilar Llamas, presidenta de la Asociación de Vecinos Oliveretes, colectivo que se ha significado en contra del cierre de las instalaciones mediante una recogida de firmas que llega ya al millar de rúbricas, denunció el "oscurantismo" con el que el Consell lleva a cabo la clausura del centro, inaugurado en 1987. Ni siquiera los 23 trabajadores que conforman la plantilla conocen cuál va a ser su destino.