El tribunal deja libres a los padres de la niña obligada a casarse

Un auto de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz permitirá que la madre y el padre de la niña mauritana a la que obligaron a casarse a los 14 años y a tener relaciones con su marido de 40 puedan seguir en libertad a pesar de que sobre ellos hay una sentencia que les condena a 17 años y a año y medio de prisión respectivamente.

El auto rechaza la petición de la Fiscalía de ingreso inmediato en la cárcel por existir riesgo de fuga. El Ministerio Público mostró su preocupación por que los progenitores puedan tratar de vengarse de la víctima o de su familia española de acogida ante la gravedad de las penas impuestas. La Audiencia argumenta que no existe riesgo de fuga evidente ni en el padre, Mohamed Ould Abdallah, cuya pena le permite librarse de prisión al carecer de antecedentes penales, ni en la madre, Hawa Meint Cheik, a pesar de la elevada condena. "Si bien es cierto que la condena impuesta es mucho mayor que en el caso de Mohamed, ello por sí sólo no justifica que vaya a darse a la fuga para sustraerse a la acción de la justicia, sobre todo, cuando se le ha retenido su pasaporte", dice la resolución.Los magistrados que firman el auto destacan que la mujer "no ha faltado a ninguno de los llamamientos judiciales".

La petición de la fiscal de ingreso inmediato en prisión se produjo después de que la madre y la hija hubiesen coincidido hace unos días en el instituto donde estudia la joven, y donde están también inscritos sus dos hermanos menores. Ambas volvieron a encontrarse a pesar de que la sentencia impuso una orden de alejamiento. La defensa había explicado que la madre acudió al centro porque el director la había llamado y que allí, irremediablemente, se encontró con su hija. Una versión que el auto da por buena. "Ha quedado justificada su presencia en el instituto (...) Además la prohibición de acercamiento y comunicación que tiene respecto a su hija la protegen suficientemente de cualquier acción que frente a ella quisiera ejecutar".

La Audiencia tampoco cree que el hecho de que los padres hayan trasladado a los hijos pequeños a su país de origen pueda contribuir a la idea de que quieran huir. El auto comparte con la defensa que de que esa medida se tomó para "evitarles la situación incómoda provocada por la condena de sus padres y la asistencia al mismo colegio que su hermana, donde son objeto de todo tipo de comentarios".

El auto agrega que "eso no implica la falta de arraigo de los padres en España o que vayan a fugarse para sustraerse a la acción de la justicia". La única medida de la Audiencia sobre los padres es que se presenten semanalmente ante su sede en Cádiz o en la comisaría de Puerto Real.

La Fiscalía mostró ayer su preocupación por las consecuencias que tendrá que los padres no vayan a la cárcel. Uno de los argumentos utilizados por el Ministerio Público para reclamar el encarcelamiento urgente de los progenitores era el riesgo de que la gravedad de las penas pudiera provocar una "reacción de venganza hacia la víctima" o hacia "la familia" española que la acoge. "Son una acumulación de delitos muy graves", recordó la fiscal jefe en Cádiz, Ángeles Ayuso, quien considera que la condena de 17 años de cárcel contra la madre es ajustada a lo que contempla la ley. "La argumentación fue la ordinaria en estos casos y no se ha exasperado la pena, al contrario, podría haber sido mayor", explicó. A pesar de oponerse al contenido del auto conocido ayer, la Fiscalía no tiene previsto presentar recurso.

Otra versión bien diferente la ofreció el abogado de los padres, José Álvarez, quien celebra el auto como "un éxito del estado de derecho". El letrado se mostró satisfecho de que sus principales argumentos hayan sido atendidos por la Audiencia, la misma sección que rechazó su versión durante el juicio que acabó con sentencia condenatoria. Los padres deberán esperar ahora a la decisión del Tribunal Supremo, que tendrá que estudiar dos recursos presentados contra este fallo.

Uno de su propio abogado, quien reclama la libre absolución para ambos. Otro de la Fiscalía, que ha pedido penas más altas por el delito, no incluido en la sentencia, de maltrato habitual contra la niña. El marido, El Moctar Ould Abderrahamand, duerme entre rejas desde que fue detenido cuando la joven presentó la denuncia hace dos años.