La estrategia del choque entre culturas

La Audiencia deberá pronunciarse el lunes sobre el mantenimiento en prisión de Mokhtar Salem, de 41 años, el mauritano con el que la menor contrajo matrimonio en Guerou, a 500 kilómetros al sureste de Nuakchot, durante las vacaciones de 2006. A la vuelta de un viaje a Alemania, en la primavera de 2007, Salem visitó a su esposa, mantuvo relaciones sexuales con ella y, a la mañana siguiente, la menor le denunció en la comisaría de Puerto Real a él y a sus padres.

La detención y el juicio de los progenitores mauritanos han sido seguidos de cerca en su país de origen. El imán de la principal mezquita de Nuakchot lanzó un llamamiento a las autoridades españoles para que sean comprensivas con una familia que no ha hecho más que aplicar la sharia, la ley islámica. Un representante de la embajada mauritana se desplazó a Cádiz para asistir al juicio.

Senadores y abogados se movilizaron con cartas y peticiones, pero la familia no logró que el actual jefe de Estado, general Ould Abdelaziz, ni su predecesor, Sidi Ould Cheikh Abdellahi, que goza de un cierto prestigio internacional, intercediesen por ellos. Los vínculos económicos con España tienen demasiado peso como para ponerlas en riesgo por un asunto particular.

La familia de la menor busca lo contrario. Para intentar que en España se entiendan sus actos en relación con su hija, siempre han apelado a motivos culturales. La legitimidad la buscan en sus tradiciones, en la manera en la que se han llevado las relaciones humanas en su pueblo desde siglos atrás.

La dureza de la condena a 17 años de prisión dictada para la madre -aunque aún no sea firme- y el encierro de Salem se percibe como un ataque a una comunidad, no como el castigo a unos delitos que ellos se niegan a reconocer. El pasado martes, los acompañantes de los padres de la menor a la Audiencia Provincial de Cádiz ondeaban pancartas con lemas escritos en los que se pedía respeto.

Se exigía que se aceptaran sus costumbres y sus hábitos de relación. Todas estas personas residen en España desde hace bastante tiempo, sus hijos se educan en colegios españoles y aseguran estar adecuadamente integrados en la sociedad española y andaluza. Un hecho que está ahora amenazado por la ignorancia voluntaria de la leyes españolas y la intención de convertir su caso en un choque entre culturas.