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La atención sanitaria como riesgo

Un 64% de los trabajadores de los servicios de salud ha sido objeto de amenazas o insultos en los centros - El 11% ha padecido agresiones físicas

"¡Te voy a matar!, ¡Como le pase algo a mi madre no lo cuentas!". El 6 de abril de 2005 no se le olvidará nunca a Ana, enfermera de urgencias del hospital comarcal de Melilla. Hacia el mediodía apareció un hombre acompañando a una mujer mayor en silla de ruedas. "Le pregunté qué le sucedía y me exigió que le hiciéramos unos análisis, que su madre se moría", recuerda. Poco después se abalanzó violentamente sobre ella, le cogió del brazo y comenzó a gritar e insultarla. "Estrelló una botella de oxígeno contra un cristal y se puso a buscar un objeto punzante para clavármelo mientras mis compañeros trataban de sujetarle", relata Ana. "Yo había visto broncas, pero ninguna así. Este tío iba directo a matarme".

Las salas de urgencias son los lugares con más episodios violentos

Las salas de urgencias son uno de los lugares donde más frecuentes son las agresiones al personal sanitario. Tanto, que la mitad de estos trabajadores admite haber sufrido algún tipo de violencia física en los últimos 12 meses y casi el 80% ha sido insultado o amenazado, según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Zaragoza y publicado en el Internacional Journal of Occupational and Environmental Health. La tasa de agresiones es incluso superior a otras zonas donde se podrían considerar más conflictivas, como las psiquiátricas, donde un 29% del personal reconoció haber sido golpeado. Aunque la violencia puede aparecer en cualquier sitio. El 11 de marzo pasado, un taxista jubilado de 74 años disparó a una residente en el centro de salud donde trabajaba, que falleció poco después, y al conductor de una ambulancia en Moratalla (Murcia).

No es fácil conocer la envergadura real de las agresiones en el medio sanitario, ya que los datos que existen son parciales. No todas las comunidades autónomas han puesto en marcha registros, los listados sólo recogen las denuncias, y "se denuncia muy poco", apuntan desde el sindicato de enfermería SATSE, por lo que "son una pura estimación que no tiene nada que ver con la realidad". De ahí la importancia del trabajo dirigido por el profesor Santiago Gascón, de la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, que sirve para iluminar esta realidad a partir 1.845 respuestas de trabajadores de hospitales y centros de salud. Un 33% es médico, el 47% es personal de enfermería, el 8% es administrativo y, el resto, celadores, técnicos y directivos.

El artículo refleja que el 64% de los trabajadores sanitarios de hospitales y centros de salud han sido objeto de amenazas, intimidación o insultos, mientras que el 11% ha recibido golpes. El agresor es, en la mayoría de los casos (el 85%), el propio enfermo, aunque en urgencias hasta una cuarta parte de los actos violentos tienen su origen en los acompañantes. Además, el 21% presentaba problemas mentales o deterioro cognitivo y el 5,7% estaba bajo la influencia de alcohol o drogas. Por profesionales, el 19% de médicos admite haber sido atacado físicamente, frente al 17% del personal de enfermería. Pero sólo ocho trabajadores que participaron en el estudio habían comunicado los hechos, lo que apuntala la tesis de la baja tasa de denuncias.

María José Mendoza es médico de familia de un centro de salud del barrio de Monteolivete, en Valencia, y coincide con el profesor de la Universidad de Zaragoza. "Falta respeto y confianza hacia el médico", señala. "Hace poco tuve que salir de la consulta a visitar a un paciente con cáncer de pulmón a casa. Le comenté a un chico que tenía que salir urgentemente y que luego le atendería", relata. "Y la armó. Se puso a gritar, a insultarme...". Mendoza comenta que estas situaciones son relativamente frecuentes: "Existe una relación tensa con los pacientes en el 10% de los casos, aproximadamente. Hay gente que no confía en el médico".

Pero ésta es sólo una parte de la cuestión. "Hay problemas de organización claros", apunta Mendoza. "Al margen de que no se promueve la educación cívica, ni el tiempo ni el trabajo, se estructuran de forma adecuada para optimizar la atención". El artículo apunta claramente en esta dirección: la causa más frecuente de agresión (58%) fue el elevado tiempo de espera, por delante de cuestiones relacionadas con la concesión de las bajas laborales (15 %) o discrepancias por los medicamentos prescritos (10%). "Algunos centros están saturados y con limitaciones de tiempo para atender a los pacientes. La falta de recursos o de espacio para ofrecer unas condiciones adecuadas de privacidad derivan en una atención despersonalizada y largos tiempos de espera que pueden fomentar comportamientos agresivos", destaca el trabajo de la Universidad de Zaragoza. Donde los profesionales tienen tiempo y recursos, como en los hospitales más pequeños o en zonas rurales, "se reduce la probabilidad de agresión".

Entre las medidas que se están adoptando está la de considerar las agresiones un atentado contra la autoridad pública, con el consiguiente agravamiento de penas, algo que no acaba de convencer a Gascón. "Cuando la persona arremete contra un médico o una enfermera no piensa en la pena que le van a imponer; es una medida disuasoria de dudosa eficacia".

El agresor de Ana fue uno de los primeros condenados, en 2006, por atentado a la autoridad. Tuvo que pagar una indemnización de 1.200 euros a la enfermera y se le impuso además una pena de un año de cárcel. Por cierto, lo que le sucedía a la paciente era un simple ataque de ansiedad, agravado luego por el violento comportamiento de su hijo.

Sin registro nacional

Una de las principales reclamaciones respecto a la violencia en los centros sanitarios es la puesta en marcha de un registro nacional de agresiones. "Cada autonomía va a su aire en función del éxito de las presiones sindicales o profesionales", apuntan fuentes del sindicato de enfermería. Castilla-La Mancha y Cataluña han comenzado programas para reforzar la seguridad y cuentan con registros para recabar denuncias por episodios violentos (241 en Castilla-La Mancha y 845 en Cataluña en 2008). Castilla y León (155 agresiones en el último semestre de 2008), Murcia (143 agresiones el año pasado), Navarra (124) y Galicia (184 en 2007) también tienen este tipo de listados. Madrid lo acaba de poner en marcha este año. En la Comunidad Valenciana, el registro lo elaboran los colegios de médicos (sólo para estos profesionales). En la provincia de Valencia recogieron 33 denuncias en 2008.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de abril de 2009

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