Salgado rechazó el contrato por prematuro y abusivo

Lo venía advirtiendo desde enero y al final se plantó en la última reunión del Consorcio, el pasado 25 de marzo. La recién nombrada vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, rechazó la propuesta de contrato de America's Cup Management (ACM) por prematura y abusiva en sus términos. Salgado argumentó sin éxito ante el Ayuntamiento y la Generalitat que no era razonable cerrar un contrato de regatas con el litigio de la Copa del América sin resolver, y tampoco tomar partido precisamente por una de las partes en conflicto. La incertidumbre sobre la sentencia definitiva, además, impedía concretar un acuerdo con la suficiente seguridad jurídica, como ha demostrado el fiasco del contrato que finalmente firmaron en solitario la Generalitat y el Ayuntamiento un día antes de que el BMW Oracle ganara el pleito contra el Alinghi.

La propuesta también implicaba comprometer 20 millones de euros por dos regatas que ahora están en el aire y que no formarán parte de la Copa del América, salvo un acuerdo que los dos equipos enfrentados no han logrado alcanzar en los casi dos años de proceso judicial. Pero aparte del coste "exorbitante" de esas regatas, Salgado objetó que el borrador de ACM contenía condiciones "en absoluto asumibles", como la exigencia de que el Oracle fuera expulsado de su base en la dársena en un plazo de 60 días si perdía la sentencia que al final ha ganado. ACM redactó otras cláusulas rechazadas por el Gobierno, como la exigencia de veto y control sobre las actividades comerciales y publicitarias de la dársena; el ingreso del 15% sobre los beneficios de las concesiones de restaurantes, y la construcción sin apenas tiempo de siete nuevas bases para los equipos. La empresa de Ernesto Bertarelli exigía 100 atraques sin coste en la marina exterior de la dársena y 30 en el pantalán de megayates. El Consorcio se debía comprometer asimismo a poner al día las infraestructuras de la sede y el edificio Veles e Vents; a vallar de nuevo todo el recinto; a construir dos entradas para el público, y a que las obras del puerto no entorpecieran las regatas. Todas ellas condiciones que, a juicio de Salgado, no beneficiaban a Valencia ni al Consorcio, al que las instituciones del PP deben 24 millones de euros. Para el Gobierno, la situación obligaba a la prudencia. El PP no quiso esperar.