Multa de 35,8 millones a las eléctricas por negar datos a un competidor

Las grandes eléctricas españolas no atraviesan su mejor año en las relaciones con la Administración. Tras la polémica por las facturas mensuales -que supuso la apertura de expedientes informativos en varias comunidades y una investigación formal por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y amenazas de sanciones-, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso ayer una multa de 35,8 millones de euros a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Viesgo por negarse a proporcionar "información relevante" a una empresa comercializadora (Centrica), tal y como les obligaba la ley. Esa práctica, considerada abuso de posición de dominio en el mercado de distribución de electricidad, ha "obstaculizado" la competencia en el mercado de comercialización.

Las eléctricas reaccionaron con rapidez y anunciaron que recurrirán la multa, la de mayor importe impuesta este año por Competencia. Centrica "solicitó datos sobre los puntos de suministro en 2006, pero la regulación sólo exigía dar esa información a partir de enero de 2008; desde entonces se ha dado pleno acceso a esos datos a todas las comercializadoras", explicó un portavoz de una de las compañías multadas.

Cuatro resoluciones

La CNC hizo públicas cuatro resoluciones contra Endesa (a la que corresponde la mayor sanción, de 15,3 millones de euros), Iberdrola (15 millones), Unión Fenosa (5 millones) y Viesgo (0,5 millones). En los tres primeros casos, Competencia asegura que se produjo otra conducta abusiva al negar a la empresa denunciante la información que, en cambio, sí se transmitía a la comercializadora de su grupo. Eso supone una conducta discriminatoria, según el organismo que preside Luis Berenguer.

Al negarse a facilitar la información a Centrica, las cuatro compañías contravienen "la normativa sectorial expresamente aprobada a tal efecto" y abusan por ello "de la posición de dominio que detenta en el mercado de distribución de electricidad", según la CNC. Competencia asegura que un decreto del año 2002 creó una base de datos en la que figura información detallada de los consumidores que reciben suministro por parte de las distribuidoras, y que ésta debería ser accesible "por ley" a las comercializadoras que lo soliciten.