"Es caro, pero trabaja bien"

"Es caro, pero trabaja bien y te lo arreglará". Esa fue la referencia que le dieron a J. A. G., dueño de un pequeño hostal de Barcelona, sobre Joaquín Quílez, un ingeniero inculpado en dos causas diferentes sobre tráfico de influencias y soborno con funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. En una de ellas, Quílez será juzgado a finales de este mes junto con el funcionario municipal Eduard Cabestany, otro ex funcionario y cinco personas más por delitos cometidos supuestamente en la tramitación de 18 licencias de distintos negocios. Ese caso fue denunciado por el propio consistorio, que se ha presentado como acusación en el proceso.

La segunda causa es más reciente. En ella, Quílez está inculpado con otro funcionario municipal, Manuel Martínez, por la desaparición de los expedientes de dos burdeles. Los propietarios de dos establecimientos del distrito de Ciutat Vella -donde Quílez se movía como en su casa, según los Mossos d'Esquadra- han afirmado que le pagaron diferentes cantidades de dinero por tramitar licencias y permisos municipales, algo que Quílez nunca llevó a cabo. Cuatro pequeños empresarios acudieron el viernes al juzgado explicando casos parecidos.

El ingeniero es muy conocido en el sector de la hostelería y la restauración

El consistorio le notificó la orden de cese por carecer de licencia de actividad

La historia que se expone a continuación es la del hostelero J. A. G., relatada a EL PAÍS. En diciembre de 2003 recibió una notificación municipal que le comunicaba la "orden de cese" del hostal de su propiedad por falta de licencia de actividad. "Mi familia lo abrió en 1965 y aquí tengo la licencia municipal de 1967", explica mostrando una colección de documentos. Uno de ellos es una carta de pago expedida por el Ayuntamiento de Barcelona el 9 de octubre de 1967 sobre el negocio, definido como "pensión sólo dormir". J. A. G. acudió a las oficinas municipales para aclarar lo que interpretó como un error: "me dijeron que no tenía licencia y que si no la obtenía me cerraban el hostal".

Preocupado, buscó ayuda. Habló con propietarios de hostales del entorno. Y entonces le aconsejaron que acudiera al despacho del ingeniero Quílez. "Hay que hacer un proyecto porque si no lo cerrarán. Le va a costar 30.000 euros", recuerda J. A. G. que le dijo el ingeniero, mostrando el proyecto que le hizo y en el que describía el hostal, un sencillo establecimiento de 12 habitaciones que ha ido poniendo al día.

Además del proyecto, el ingeniero también presentó alegaciones en su nombre contra la orden de cierre. Una de ellas, de 21 de abril de 2004, decía: "Dicho establecimiento, como avala la documentación, tiene una antigüedad de más de 40 años (...) dispone de los permisos exigidos en su día (...) y no hemos sido requeridos por ningún estamento". El local no fue cerrado. Después de que Quílez presentara el proyecto, J. A. G. recibió la licencia de actividades. Es decir, la segunda, porque la primera data de 1967.

El consistorio defiende que la actuación del distrito fue correcta, aunque la regidora del mismo, Imma Moraleda, ha declinado hacer precisiones sobre el expediente, porque, alega, "es algo privado" y hay la posibilidad de que el asunto acabe también en los tribunales. La edil apuntó que el expediente se inició por una queja del Consorcio Sanitario de Barcelona y que muy posiblemente el hostal no se ajustaba a la normativa actual. El caso es que la notificación que J. A .G. recibió, firmada por una inspectora y la jefa del departamento de licencias e inspección, no dice nada sobre normativas. Se refiere únicamente a que "en el piso del emplazamiento hay una actividad de hostal y no consta ninguna solicitud de licencia de actividad".

El calvario de J. A. G. no ha terminado. El año pasado fue multado porque el letrero de la puerta de su establecimiento no se ajustaba a las normas de paisaje urbano. Quílez le exigí entonces 2.400 euros para pasar la inspección, "pero hace poco me pidió 4.000", apostilla. Al hacerse público el rosario de casos de la presunta trama extorsionadora, J. A. G. se ha sentido estafado. Y como él, otros dueños de hostales y bares que habían tenido tratos con el ingeniero Quílez. "Yo ya pagué, no quiero removerlo, pero ese personaje se sigue moviendo por toda la ciudad", le decía a J. A. G. el dueño de otro hostal en una conversación presenciada por este periódico.

El ingeniero Quílez rehusó ayer ofrecer explicación alguna a este diario.