España quiere que la vigilancia bancaria siga en manos nacionales

España no quiere perder el control de la inspección sobre los bancos. En el debate sobre la reforma de la supervisión financiera, que ayer se abordó en el Consejo de ministros de la Unión Europea, el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes abogó por el mantenimiento de la llamada supervisión microprudencial, que comprende bancos, compañías de seguros y sociedades de inversión, en manos de las autoridades nacionales. "Creo que el corazón de la inspección", dijo el vicepresidente, "debe mantenerse a nivel nacional", y destacó que las autoridades más próximas a las entidades son las que tienen un mejor conocimiento de las empresas.

Los ministros de Economía de los Veintisiete debatieron ayer la reforma de la supervisión financiera en la Unión Europa. Los análisis afectaron tanto a la vertiente microprudencial, que se refiere a la inspección directa de las entidades, como la macroprudencial, que tiene como objetivo detectar los riesgos sistémicos, para evitar crisis financieras como la presente.

Las discusiones se realizaron sobre la base del documento elaborado por el Grupo de Alto Nivel para la supervisión financiera de la UE, presidido por Jacques de la Larosière y la comunicación de la Comisión de principios de marzo.

En la supervisión microprudencial referida a las entidades, Solbes se mostró contrario a considerar la etapa actual como una fase intermedia que debería conducir a un supervisor europeo de las entidades. En lo que sí estuvo de acuerdo es que un supervisor europeo establezca reglas comunes para todos los países, vigile la aplicación de las mismas y examine a algunos actores transnacionales como las agencias de calificación.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, señaló que los debates proseguirán en el próximo consejo y que la Comisión Europea presentará un paquete sobre supervisión financiera a finales de mayo que será analizado por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de junio.

En su opinión la reforma de la supervisión financiera debería entrar en vigor antes de que finalice 2010.

En la vertiente macroprudencial, el informe Larosière propugna la creación de un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, de carácter independiente, que respondería ante el Consejo Europeo que contaría con la presencia de representantes de los Veintisiete Estados Miembros, la Comisión Europea, y estaría presidido por el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet. Sus decisiones en forma de advertencias tempranas e informes periódicos no serían vinculantes "pero deberían ser creíbles para que fueran eficaces", señaló Almunia.

Trichet señaló que "el BCE estaba plenamente disponible" para asumir las nuevas competencias. El protagonismo del BCE en este Consejo ha despertado ciertos recelos en las autoridades del Reino Unido, partidaria de organismos de vigilancia los más autónomos posibles.