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Cumbre de Londres | Las reformas pendientes

Al infierno con los paraísos fiscales

La libertad de movimientos de capitales y la competencia dificultan la lucha contra los territorios sin impuestos

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se sentará hoy entre sus homólogos del G-20, en la cumbre de Londres, convencido de liderar a uno de los países más batalladores contra los paraísos fiscales, territorios donde se esconde una suma que supera el billón de euros.

Y no le faltará cierta razón. En teoría, España está a la cabeza de esta lucha. "Somos uno de los pocos países que cuenta con su propia lista", dicen en el Ministerio de Economía. Pero la teoría contrasta con la práctica. Mientras Estados Unidos, Alemania y Francia, han echado cuentas del dinero que no ingresan (75.000 millones de euros, 30.000 millones y 20.000 millones de euros, respectivamente), aquí nadie da datos.

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"La suma no se puede cuantificar por su propia naturaleza oculta", señalan desde Economía. Tampoco hay evaluación alguna de las sociedades creadas en nuestros paraísos más cercanos, Gibraltar y Andorra. La única iniciativa sobre el tema la presentó en 2008 Esquerra Republicana-Izquierda Unida-ICV en el Congreso. "Pedíamos un censo de deportistas residentes en paraísos fiscales", cuenta Joan Herrera, diputado de ICV por Barcelona. La iniciativa no ha prosperado.

Hubiera sido un golpe de efecto porque "lo que venden los paraísos fiscales es opacidad", dice Juan H. Vigueras, autor de La Europa opaca de las finanzas. Y sus paraísos fiscales offshore (Icaria). Hace mucho que Vigueras aprendió lo que significa offshore. Plazas financieras para los no residentes. Plazas en las que funcionan 4.000 bancos, 2.000 fondos especulativos, y dos millones de sociedades pantalla, según un reciente informe del diario Le Monde. Contra este entramado apuntará el G-20. Pero Vigueras da por hecho que poco se podrá hacer. "Al menos, mientras haya libertad absoluta de movimiento de capitales y la competencia fiscal esté aceptada". Todo lo más, se intentará rebajar el volumen de lo que el subdirector del Banco Internacional de Pagos, Hervé Hannoun, calificó hace un año de "sistema financiero en la sombra". Al resguardo de la supervisión.

Y ésa es, a juicio de Francisco de la Torre, portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la palabra clave en la lucha contra los centros offshore. Supervisión y punición. Por eso lamenta la levedad con la que España castiga a algunos contribuyentes pillados in fraganti en operaciones de fraude al fisco. Y cita el escándalo de las cuentas secretas en Liechtenstein, descubierto en 2008. Mientras en Alemania se ha hecho total limpieza, "en España sólo se ha regularizado la situación de una cuarta parte de los implicados y no ha habido ni siquiera embargos".

También se quejan los inspectores de la nueva legislación introducida por el Gobierno que elimina de facto los impuestos sobre los intereses de la deuda a los residentes en paraísos fiscales, y les va a permitir además mantener el anonimato.

Son medidas que refuerzan el atractivo de los centros offshore, de por sí apetecibles. Más de la mitad de las firmas del Ibex 35 tienen sucursales en ellos, según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Empezando por los dos grandes grupos bancarios españoles, Santander y BBVA. Este último ha desmontado más de un centenar de sucursales en estos paraísos, pero mantiene aún un puñado de filiales en las islas Caimán, que funcionan bien. Prueba de ello es la suma, 121.295 millones de euros, que figura en el apartado "cuentas de orden", del último balance de situación de la sucursal de Bancomer BBVA, en esas islas.

Fuentes del grupo explican que "el epígrafe cuentas de orden incluye aquí toda la operativa del banco con derivados, tanto los comprados como los vendidos, por eso la cifra es elevada". Y están en las islas Caimán, porque "es una práctica común en la banca mexicana".

Los paraísos fiscales no siempre tienen playas con cocoteros. Están en Estados Unidos y en Europa. En la lista española figuren ocho países europeos: Andorra, Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, islas de Jersey y Guernesey, isla de Man, Chipre y Luxemburgo. No se incluye a Suiza, país con el que existe un convenio de cooperación informativa. Pero los bancos helvéticos están en el ojo del huracán por su proverbial secretismo. Tanto es así, que algunas de las entidades suizas han prohibido a sus altos cargos viajar al extranjero, por temor a que sean retenidos y sometidos a interrogatorio por las autoridades fiscales locales.

"En esto hay mucha política", apunta Francisco de la Torre. "España quiere excluir de la lista negra a Panamá, porque se preparan grandes obras públicas que interesan muchísimo a las constructoras españolas".

Por todo eso, Ricardo G. Zaldívar, responsable fiscal para España de Attac (asociación que aboga por una tasa a las transacciones especulativas) no cree que el contribuyente vaya a salir muy beneficiado de esta cruzada. Lo que se pretende, "es la redefinición de la transparencia bancaria". Además de preparar el clima "para una posible amnistía fiscal global". ¿Será eso todo? Jesús Lizcano, catedrático de la Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España cree que se tomarán medidas. "Esperemos que supongan un cambio de coordenadas, de objetivos, de niveles éticos, y de control institucional en relación con el sistema financiero internacional".

Dinero de los países en desarrollo

El dinero que opera en los paraísos fiscales no sólo procede de empresas y particulares millonarios del mundo desarrollado que pretenden eludir el fisco local. Oxfam Internacional calcula que los países en vías de desarrollo pierden cada año cerca de 94.000 millones de euros que van a parar a estos paraísos fiscales. Unas pérdidas que superan ampliamente los 78.000 millones de euros de ayuda al desarrollo que reciben anualmente los países más pobres. Porque no sólo importa la evasión fiscal en el fenómeno escandaloso de los centros financieros offshore. La cobertura de opacidad que ofrecen permite ocultar en ellos el dinero negro, producto de actividades ilegales. John Christensen, director de Tax Justice Network (Red de Justicia Tributaria), explicaba al diario Le Monde: "Estos entramados sirven también para permitir sacar de los balances las pérdidas [de las empresas] con objeto de disimularlas con vistas al regular y al auditor. Finalmente, facilitan la huida de los capitales y la evasión fiscal a gran escala, de los países en vías de desarrollo hacia los desarrollados".

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