La juez encarcela a un funcionario por la trama de los prostíbulos

Manuel Martínez, inspector del área de licencias del Ayuntamiento de Barcelona en el Eixample, durmió ayer en la Modelo. La juez Elisabet Castelló atendió la petición del fiscal y acordó prisión incondicional para él, acusado de cobrar dinero para hacer desaparecer expedientes municipales y favorecer así a los propietarios de la trama de burdeles que investiga la juez.

El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que lleva el caso, también acordó prisión eludible con fianza de 15.000 euros para Joaquín Quílez, un ingeniero al que el Ayuntamiento encargaba estudios para revisar el sonido bares y pubs. Los investigadores consideran que supuestamente alertaba a los propietarios de los prostíbullos de las intervenciones de la policía que iban a realizar, prevaliéndose de las relaciones que había trabado con funcionarios municipales.

Jordi William Carnes, teniente de alcalde del Ayuntamiento, se mostró muy cauteloso al analizar la trama. Los Mossos d'Esquadra y los funcionarios judiciales acudieron ayer a la sede del distrito del Eixample acompañados de Martínez y se llevaron abundante documentación.

Según Carnes, el Ayuntamiento empezó a investigar en octubre del pasado año al funcionario por unos indicios de supuestas irregularidades tras haber extraviado uno o dos expedientes. Ni Carnes ni Carlos Arias, jefe de recursos humanos del Consistorio, concretaron si los expedientes eran de prostíbulos o locales de ocio. Arias sí matizó que Martínez fue trasladado desde Ciutat Vella al Eixample en 2001 por una serie de anomalías ya prescritas.

El Ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario al inspector, mientras que el de la otra funcionaria imputada, María Teresa Gómez Núñez, es sólo de carácter informativo. Carnes convocará de forma urgente una junta de portavoces para informar a la oposición de los hechos. La reunión la solicitó ayer Joaquim Forn, concejal de CiU, molesto por la escasa información de que disponían sobre la trama, hasta tal punto que conocieron por la prensa el nombre del inspector detenido. El equipo de gobierno está obligado por ley a convocar la reunión al tener CiU más del 20% de los ediles de la corporación.

Con la de ayer, son ya seis las personas que han acabado en la cárcel por el caso: tres propietarios de los locales Saratoga y Riviera de Castelldefels; un inspector de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif), y un ex inspector jefe de esta misma unidad.

Otros tres policías de diversa graduación también están imputados, además de otro ex inspector. A la relación se añaden tres abogados, dos de ellos en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Uno es Alex Garberí, quien desde 2002 era representante legal de la Asociación Catalana de Empresas de Clubes de Alterne (ACECA), una patronal del sector.

La asociación anunció ayer que ambas partes habían pactado que quedaba suspendida su relación laboral "para evitar dañar la imagen pública e institucional" de la ACECA y para que el abogado "pueda ejercitar, de manera más efectiva, su derecho de defensa".