La Fiscalía defiende la actuación del perito clave del 'Prestige' que asesoró al Gobierno

La Fiscalía coincide con la juez instructora del caso Prestige en que el ex director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors, no cometió un delito en la gestión de la catástrofe causada por el viejo petrolero frente a Fisterra en noviembre de 2002. En su respuesta a los recursos presentados por algunas de las acusaciones particulares contra el auto que cierra la larga y enrevesada instrucción de esta causa, el fiscal sale además en defensa del perito clave en la exculpación judicial del Ministerio de Fomento, Santiago Martín Criado. Su independencia ha sido cuestionada tras descubrirse la semana pasada que había asesorado al Gobierno y aplaudido su gestión durante los cinco días en los que el petrolero accidentado fue paseado frente a la costa gallega hasta que se partió y se hundió.

Frente la petición de nulidad de esa prueba pericial que formuló la defensa de Apostolos Mangouras, el capitán del Prestige, considerado principal responsable ante la Justicia de la catástrofe, la Fiscalía defiende al perito nombrado por la juez de Corcubión. El hecho de que Martín Criado asistiese a la reunión "técnica" organizada por Fomento sobre el Prestige, el día que el barco se partió y hundió, el 19 de noviembre de 2002, "puede ser y es motivo de polémica", admite el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz.

Pero "pese a todo el ruido que ha generado, no supone legalmente motivo de recusación o tacha del perito", y aun menos, asevera la Fiscalía, motivo "de nulidad de las actuaciones", dado que su participación en aquella reunión como asesor del Ministerio de Fomento "no es, ni mucho menos, oculta o encubierta".El ministerio informó en 2003 al juzgado de Corcubión de los asistentes a aquella reunión con un escrito que fue incorporado al espeso sumario del Prestige, cuatro años antes de que Martín Criado fuese designado por la juez para realizar un informe pericial clave sobre la catástrofe, destaca el fiscal al tomar posición sobre los recursos.

En cuanto al único representante de la Administración que estaba encausado en esta catástrofe, el ex director de Marina Mercante, la Fiscalía respalda la decisión de la juez de Corcubión de archivar su imputación. "Hay datos suficientes en la causa para, desde la objetividad, valorar la no imputación", afirma García Ortiz, y "las deducciones" de la juez del caso, tras el acopio de material y pruebas recabadas durante seis años de instrucción, "están razonablemente justificadas".

No obstante, en este trámite del proceso judicial, de los muchos que aún faltan para la apertura del juicio oral, el ministerio fiscal pide, al igual que la Xunta, diligencias complementarias, imprescindibles, advierte, para formular su escrito de acusación. Falta una pieza clave, como es el informe que cuantifique los daños económicos provocados por el Prestige. La Fiscalía propone a la juez conseguir de los peritos un avance, con una cifra aproximada, del extenso informe económico que aún se está empezando a elaborar. Álvaro García también considera necesario incorporar a la instrucción española documentos y declaraciones judiciales importantes, que están en la causa abierta por España en un tribunal de Nueva York contra la sociedad norteamericana ABS que certificó la navegabilidad del viejo petrolero.

La Fiscalía deberá ahora pronunciarse sobre los nueve recursos de apelación que formularon ante la Audiencia de A Coruña, a la que corresponde juzgar el Prestige, los dos mandos del barco imputados junto al capitán, así como Nunca Máis, dos cofradías de pescadores, un ayuntamiento y cuatro perjudicados por la catástrofe.