La apertura del comercio minorista
Siguiendo con las necesarias reformas estructurales, y dentro de las referidas a la liberalización de los mercados, hoy voy a referirme en concreto a la liberalización del comercio minorista. La OCDE, en su último informe referido a España, señala concretamente la apertura del comercio minorista como una de las reformas estructurales pendientes. Por otra parte, siguiendo la estrategia de Lisboa, la Comisión Europea preparó una directiva para la liberalización de los servicios. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo que obliga en su cumplimiento a todos los países de la Unión Europea (UE) antes de fin de 2009.
Hasta ahora, y después de un intento liberalizador de la conocida por "Ley Boyer", la legislación estatal, y sobre todo la legislación de las comunidades autónomas (CC AA), ha establecido prácticas restrictivas para el comercio de grandes superficies con el argumento de proteger al pequeño comercio. La transferencia de la competencia legislativa a las comunidades autónomas ha permitido la existencia de normas y prácticas diferentes entre los territorios de España, rompiendo la unidad de mercado. Sin embargo, como se refleja en un estudio realizado por el BBVA, estas regulaciones no han favorecido a los pequeños comercios, aunque sí a las cadenas de supermercados medianos, y desde luego ha perjudicado a las grandes superficies; al sector, minorando su productividad, y al consumidor, aumentando los precios.
Hay que reducir cargas administrativas, simplificar trámites y potenciar los derechos de los usuarios
El 17 de octubre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó y sometió a información pública el borrador del anteproyecto de ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. Es un anteproyecto que se atiene a las exigencias de la directiva europea y que incluye al comercio minorista. La discusión en el Parlamento español no podrá apartarse de lo contenido en la directiva, que es obligatorio para todos los países de la UE y chocará con lo legislado por algunas CC AA. De nuevo se pondrá de manifiesto la contradicción que padecemos de tener que acatar normas europeas y a la vez permitir el desarrollo de normas regionales que las contradigan. Además, como en otras leyes pendientes, el Gobierno deberá consensuar con otros partidos políticos para conseguir los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento.
Los aspectos fundamentales de la directiva europea que afectan al comercio minorista son los siguientes: libertad de establecimiento y libre ejercicio en todo el territorio, y realizados por empresas españolas y empresas de los países de la UE; la reducción de cargas administrativas, la simplificación de los trámites, la potenciación de los derechos de los usuarios y de los mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones.
En cuanto al principio de libertad de establecimiento, la nueva Ley del Comercio Minorista deberá eliminar el requisito vigente actualmente de autorización previa para cualquier tipo de establecimiento, ya que está expresamente prohibido por la directiva europea, y deberá explicitar si hay alguna excepción dentro de las consideradas en la directiva. La concesión de licencias deberá ser automática y no se podrá exigir una justificación económica del proyecto, como actualmente se exige en la práctica a las grandes superficies en las diferentes normativas de las CC AA.
Respecto a la simplificación administrativa, la directiva impulsa la eliminación de los trámites que no sean necesarios y la simplificación de aquéllos que puedan tener alternativas menos gravosas. Para todo ello hay que apoyarse en el uso de las nuevas tecnologías en función de la capacidad de cada país. Será muy importante la puesta en práctica de la "ventanilla única" ya anunciada por la Administración Pública del Estado español, pero todavía sin implementar. En el aspecto de la transparencia e información, habrá que evitar las restricciones no justificadas y favorecer el acceso a la información. La cooperación administrativa y el control de los prestadores de los servicios serán especialmente importantes en España, como consecuencia de la corresponsabilidad de las diversas administraciones (Estado y comunidades autónomas).
El momento para poner en marcha la directiva de la UE, reformando el comercio minorista, no sólo es adecuado, sino que es indispensable y urgente, ya que sus efectos sobre la inversión productiva, la actividad, el empleo, la productividad y la inflación ayudarían enormemente en estos difíciles momentos de crisis. Dichos efectos han sido analizados por diversos estudios de instituciones internacionales y privadas. La OCDE analizó la relación entre la regulación del mercado de bienes y servicios y la creación de empleo. El Banco Central Europeo estudió la relación negativa entre grado de competencia e inflación. Análisis independientes han examinado los efectos positivos de la liberalización sobre la productividad, y la eliminación de trabas facilitaría y generaría nuevas inversiones y el consiguiente aumento de la actividad y el empleo.
Por último, la aprobación de la ley exigirá un grado de consenso en el Parlamento significativo que, si se consigue, aportará un valor añadido a su implementación en términos de aceptación y permanencia, al tiempo que se cumple con las exigencias de la UE.
