La crisis y la gestión municipal
Desde hace unos meses, los ayuntamientos estamos muy presentes en los medios de comunicación. Y de esta presencia mediática resulta un balance más negativo que positivo. En estos años de boom inmobiliario, la existencia de casos de corrupción relacionada con el urbanismo ha dejado la idea de un municipalismo tibio con la especulación, cuando no sospechoso de connivencias. Aparecemos también como obstáculo a la actividad económica privada por la lentitud y la complejidad de la tramitación de licencias, y como defensores de normativas obsoletas y burocracias inoperantes.
La última guinda que nos han atribuido es la responsabilidad en las dificultades de liquidez de muchas empresas por nuestra morosidad o por nuestros retrasos en el pago a contratistas y proveedores. ¡Pues sí que somos influyentes! No importa que muchos ayuntamientos paguemos a 60 días de recibir facturas (mucho menos tiempo que en la mayoría de las actividades privadas). La idea que queda es que la morosidad municipal condena a muchas empresas. Y no es verdad. No quiero hacer una defensa corporativa de los gobiernos locales, pero sí quiero destacar una realidad escasamente valorada respecto de la gestión de la inmensa mayoría de los ayuntamientos, apelando a un ligero ejercicio de memoria histórica reciente.
En 1979, con la llegada de la democracia municipal, los ayuntamientos gestionaban el 13% del gasto público español. Tenían escasa capacidad y proporcionaban pocos servicios. Pero lidiaron la crisis de la reconversión industrial. Fueron los tiempos de las ZUR (zonas de urgente reindustrialización), de la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios urgentes para atender a una ciudadanía que se estrenaba en democracia y en una relación de exigencia ante los poderes públicos inaudita: urbanización de barrios, zonas verdes, colegios, etcétera. En los años noventa se rehabilitaron centros urbanos degradados, se montaron nuevos servicios para nuevas demandas sociales: formación ocupacional, guarderías y ludotecas o centros de día para la tercera edad. En el siglo XXI, los ayuntamientos asumimos la gestión de la creciente diversidad y la complejidad de la vida ciudadana, con nuevos problemas de convivencia, con nuevos riesgos para la cohesión y el bienestar. Nos hemos encargado de la integración de cerca de un millón de inmigrantes en Cataluña y de aproximadamente 3,5 millones en el resto de España. Ahora se nos confiere la responsabilidad de gestionar una de las medidas estrella del Gobierno para paliar los estragos de la crisis en el empleo: los 8.000 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local, que despierta grandes expectativas de creación de puestos de trabajo.
Un estudio de la Diputación de Barcelona calcula en el 33% el gasto municipal destinado a los llamados "servicios impropios", que no son de competencia municipal. ¿Por qué? Porque el gobierno local es el más cercano y accesible, y los ciudadanos le plantean todas sus demandas. El municipalismo las asume y las resume en una expresión que muchos alcaldes hacemos nuestra: "Todo lo que sucede en la ciudad es de mi competencia, y lo que no, es de mi incumbencia". Los ayuntamientos nos aprestamos a cumplir con nuestro deber de gestionar la crisis y buscar soluciones a los problemas de nuestras ciudades, pero seguimos gestionando el mismo 13% del gasto público.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, afirmó recientemente que este año se cerrará el acuerdo para la nueva financiación local, que debería permitir una mejora sustancial de la tesorería de muchos municipios con dificultades para cumplir sus obligaciones. Es imprescindible que así sea. Por el bien de la ciudadanía.
Pere Navarro es alcalde de Terrassa.
