Oubiña se apoya en el Constitucional para rebajar su condena
La salida del 'narco' está prevista en 2016, pero pide una reducción de tres años
El fiscal general del Estado ya avisó el pasado 18 de febrero que la nueva doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva generaría "situaciones de impunidad" entre los delincuentes reincidentes. Acogiéndose a ella, uno de los más conocidos capos del narcotráfico gallego, Laureano Oubiña, ha pedido a la Audiencia Nacional que le reduzca su condena de 13 años a algo más de 10. Sus abogados sostienen que, en caso de que se conceda la rebaja, el narco estaría a un paso de cumplir tres cuartos de su pena, con lo que podría salir en libertad condicional en 2010. Instituciones Penitenciarias, sin embargo, lo niega. "Le faltarían otros dos requisitos que, por el momento, no cumple: encontrarse en tercer grado y tener un pronóstico favorable de reinserción", aseguran fuentes de esa institución.
La fiscalía reclama una reforma penal que evite casos similares
Oubiña cumple actualmente dos condenas refundidas por narcotráfico de seis años y nueve meses de prisión cada una en el centro penitenciario de Villena (Alicante). La primera lo castigó como cerebro de una operación de transporte y desembarco de 190 fardos de hachís en las cercanías de Vigo en julio de 1997. La segunda le fue impuesta por intentar meter en España 13 toneladas de esa misma sustancia a bordo del barco hondureño Regina Maris dos años después. El narco debe cumplir en total 13 años y cinco meses de condena. Su salida no está prevista hasta 2016, según Instituciones Penitenciarias.
Pero el 12 de noviembre, apoyándose en la nueva doctrina del Constitucional sobre prisión preventiva para reincidentes, Oubiña reclamó que su condena se reduzca en tres años y tres meses. Si el tribunal acepta el nuevo cómputo, su pena quedará reducida a 10 años y dos meses, de los que, el año que viene, habría cumplido tres cuartos, el primer requisito para acceder a la libertad condicional y salir de prisión.
El nuevo sistema de cómputo, establecido por el Constitucional el pasado abril, permite a los delincuentes que estén cumpliendo condena y al mismo tiempo se encuentren en prisión provisional por otro delito descontarse dos días por cada uno que pasan en la cárcel: uno por la pena que cumplen y otro por la prisión preventiva que podrá rebajarse de la futura condena una vez que haya sentencia por la segunda infracción.
Según el escrito del narco, entre el 30 de noviembre de 2000 y el 20 de febrero de 2004 se encontraba en prisión provisional por el caso del Regina Maris al tiempo que cumplía una condena de cuatro años y cuatro meses por un delito anterior. Por eso, sus abogados reclaman "una nueva liquidación de condena" en la que se resten esos tres años y tres meses (1.178 días, según el escrito) que pasó en la cárcel a la espera de juicio por el carguero hondureño.
La Sala, que estudiará previsiblemente el caso la próxima semana, ha establecido como criterio para reducir condenas en estos casos que el condenado "haya sufrido perjuicio" por la prisión provisional que se le impuso mientras cumplía condena. Oubiña sostiene que él "fue privado de beneficios penitenciarios". Para evitar casos como éste, la fiscalía ha pedido al Gobierno una reforma del Código Penal. Así se esquinaría la interpretación del Constitucional que, paradójicamente, beneficia a los autores de delitos graves que reinciden una y otra vez.
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