Vivienda pretende construir más pisos protegidos de los que le exige la ley

Euskadi fue la primera comunidad autónoma española que recibió la competencia en materia de suelo y vivienda. También fue la primera que aprobó una ley que fija porcentajes de reserva para vivienda protegida, conocida como la ley Maturana (1994) en honor del consejero socialista que la elaboró. Esa norma ha sido mejorada por la ley de Suelo de 2006, que eleva esos porcentajes. Esa trayectoria permite hoy al País Vasco exhibir los mejores números en viviendas de protección oficial (VPO) construidas y en reservas de suelo. Con todo, el Departamento de Vivienda, en una situación de crisis del ladrillo, quiere levantar más pisos protegidos en esos suelos de los que la ley le exige.

"Habrá que tirar de los presupuestos públicos para urbanizar los solares"

La demanda de pisos protegidos se eleva a 43.000 casas hasta el año 2012

Euskadi es la tercera comunidad autónoma por el número de pisos que se pueden construir en los próximos cuatro años en sus solares, en concreto 32.055. Sin embargo, si se tiene en cuenta su número de habitantes (menos de 2.158.000) con relación a Andalucía, que tiene reservas para 37.112 pisos, y Madrid, con suelo para 34.679 casas, Euskadi gana por varios cuerpos de ventaja. Y es que ambas son dos de las comunidades más pobladas de España: 8.170.000 ciudadanos en el caso andaluz y 6.250.000 en el de Madrid.

Los datos corresponden al último informe elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conocer la cantidad de suelo que ayuntamientos y gobiernos autónomos tienen en propiedad y con edificabilidad prevista en el cuatrienio 2009-2012. El estudio apunta que en la actualidad las administraciones disponen de un patrimonio de suelo para la edificación de unos 225.000 pisos protegidos hasta 2012. De este número, los consistorios cuentan con terreno para cerca de 150.000 viviendas y los ejecutivos autónomos, para otras 75.000. En realidad, estas cantidades hacen referencia a un "suelo realizable", es decir, unos terrenos que, dada su situación o grado de urbanización, podrían ser susceptibles de acoger la construcción de viviendas protegidas en los próximos años. Hay que tener en cuenta que el patrimonio de suelo total disponible supera claramente esta cifra y que una aceleración en el proceso de urbanización y tramitación del mismo, o la prospección de nuevos solares, puede permitir que en la práctica el número se eleve bastante más.

El director de Suelo del Gobierno vasco, Iñigo Maguregui, destaca que en el caso de Euskadi las reservas incluyen una tipología diversa de vivienda de protección pública, que va desde el clásico piso protegido hasta la vivienda tasada municipal y autonómica, pasando por los apartamentos transitorios en alquiler. "La ley de Suelo ha permitido abrir el abanico y llegar a una capa de la población a la que antes no se llegaba, como la clase media", señala.

El informe de la FEMP apunta que la demanda de vivienda protegida para el periodo 2009-2012 asciende a 760.000 casas, lo que significa que se necesitan 190.000 cada uno de esos años. En el caso del País Vasco, tal demanda se eleva a 43.000 casas. Para satisfacer tal necesidad no es preciso una construcción de casas similar, ya que se puede echar mano de otro tipo de figuras, como la reactivación del alquiler de viviendas vacías o darle otra finalidad a los pisos libres nuevos que no se pueden vender debido al parón que sufre el mercado inmobiliario.

El Departamento de Vivienda ya ha puesto en marcha una medida en ese sentido. La idea es que la nueva coyuntura plantea oportunidades para que las políticas públicas traten de socializar el destino de los pisos libres terminados.

Sin embargo, el nuevo ciclo en que se halla inmerso el sector de la construcción, en el que se ha frenado de manera radical la demanda de casas y, sobre todo, ha desaparecido en gran medida el atractivo de la vivienda como inversión plantea nuevos retos a las administraciones. Maguregui cree en estos momentos hay que centrarse en cómo sacar adelante las promociones comprometidas más que en seguir calificando y calificando suelo para VPO. "Habrá que tirar de los presupuestos públicos, de los ayuntamientos y del Gobierno, para llevar adelante las urbanizaciones de los solares. Nos estamos encontrando con que algunas constructoras no pueden hacer frente a su parte y existe el riesgo de que la promoción no salga".

Para evitar esa situación, el Gobierno pretende urbanizar esos solares a cambio de que los constructores accedan a que se construya más VPO en ellos de la legalmente exigida. "Si no hay crédito, los constructores se quedan colgados. Y, si no hay pisos, los ciudadanos que los esperan se quedan sin nada. Van a ser dos años duros [en referencia al presente y 2010], pero vamos a intentar que no se quede ningún solar sin urbanizar de los que están comprometidos", recalca Maguregui.

La FEMP también incide en esta cuestión en su estudio: "Puede que el principal reto no sea tanto el de captar nuevos terrenos, sino el de procurar que todos los agentes, públicos y privados, participen activamente para agilizar la edificación de los suelos ya disponibles".