Medidas contra el desempleo

El número de desempleados alcanzó en febrero "cifras históricas". La crisis está afectando de lleno al mercado laboral, provocando una masiva destrucción de empleo sin visos de finalizar. La imparable escalada en las cifras ha obligado al Gobierno a adoptar medidas, vía decreto ley, para incentivar la conservación del empleo, la contratación de desempleados y aumentar también su protección.

Algunas de estas medidas han tenido por objeto los expedientes de regulación de empleo (ERE). En el último año, el número de afectados por ellos se ha multiplicó por trece. Según los sindicatos, el expediente más utilizado es el de suspensión temporal, seguido de lejos de los expedientes de extinción de contratos, no acudiéndose apenas a los de reducción de jornada.

Para incentivar el mantenimiento del empleo, el Gobierno quiere favorecer los expedientes que estipulen una regulación temporal en lugar de la extinción. Para ello acuerda bonificaciones en las cuotas empresariales durante las situaciones de desempleo derivadas de ERE temporales (sean de suspensión del contrato o reducción de jornada), siempre que luego la empresa se comprometa a mantener el empleo durante al menos un año. Otras iniciativas buscan la protección del desempleado. Así, se permite la reposición de la prestación por desempleo de los afectados por un ERE temporal, a los que luego se les extinga el contrato, pudiendo "recuperar" hasta 120 días de prestación.

Pero quizá la medida más "espectacular" sea la que permite que la empresa que contrate a un parado pueda bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social de dicho trabajador, hasta un tope equivalente al importe de prestación que tuviera pendiente de percibir.

Las medidas han sido acogidas con tibieza. Los sindicatos han criticado, sobre todo, la utilización de las prestaciones por desempleo para reducir los costes sociales por entender que puede suponer un factor de "discriminación", al privilegiar la contratación de aquellos trabajadores que puedan aportar prestaciones sociales frente a los que las hayan agotado o no tengan derecho a cobrarlas.

La patronal, por su parte, considera que se trata de medidas "insuficientes", que únicamente van a producir efectos "puntuales". En su opinión, sólo una reforma estructural del mercado de trabajo podría evitar la destrucción masiva de empleo que se está produciendo.