La Plataforma hace responsable a Font de Mora de la huelga escolar

La pelota ha vuelto al tejado de la Administración educativa. El anuncio este jueves de la convocatoria de una huelga general en todos los colegios e institutos públicos el próximo 28 de abril -tras el acuerdo "unánime" adoptado por todos los integrantes de la Plataforma per l'Ensenyament Públic- acota aún más el escaso margen de maniobra del consejero Alejandro Font de Mora. Un político que arrastra un severo desgaste desde septiembre, cuando prendió el conflicto educativo por el intento del PP valenciano de "boicotear" la asignatura de Educación para la Ciudadanía obligando a traducir las clases al inglés en contra del criterio de profesores, directores, inspectores y padres.

Las reivindicaciones que originaron el conflicto siguen sin resolverse

Se trata de la vuelta al escenario de conflicto y enfrentamiento con todos los agentes del sector educativo público, tras dos meses de "encuentros informativos" con los sindicatos y asociaciones adscritos a la Plataforma. Un periodo, en el que Font de Mora se ha situado en el "inmovilismo" limitándose a escuchar sin más, en vez de ordenar a su número dos, Concha Gómez, que acelerara consensos en áreas clave para modernizar y descongestionar la organización de los masificados centros escolares.

"La huelga no es más que fruto de la falta de concreción de la consejería. Ahora es la Administración la que tiene que transformar y plasmar sus ideas en propuestas concretas", resume Miguel Ángel Vera de CC OO. "Y si no, que Font de Mora explique qué va a hacer el 1 de septiembre", puntualiza Vera, que insiste en que las 13 reivindicaciones del manifiesto presentado por la Plataforma hace tres meses -como condición sine qua non para "aplazar" la huelga del 17 de diciembre- siguen sin resolverse, sin concretarse.

"Se han perdido dos meses", añade Albert Sansano del STEPV, "porque, en todo este tiempo, la consejería no ha retirado la orden de Ciudadanía en inglés; ha propuesto dilatar a 10 años la catalogación lingüística de las plazas de Secundaria en valenciano; se ha negado a crear una comisión de seguimiento de las necesidades reales del mapa escolar. Es decir, todo un conjunto de realidades que siguen ahí, y nos sitúan en el escenario del inicio de curso".

"La huelga siempre es el último recurso, pero es un instrumento de presión ciudadana necesario", coincide Gerardo Fernández, de UGT. "En tres meses, no ha habido una verdadera negociación, sino un proceso meramente informativo con una carencia total de perfil político con capacidad de cerrar acuerdos".

La Plataforma -que está integrada, además de por los tres grandes sindicatos, por la Confederación de padres Gonzalo Anaya, las asociaciones de directores de Primaria y Secundaria, los inspectores de Adide y la Federació Escola Valenciana- sostiene que "la huelga era un anuncio aplazado" que el consejero conocía de sobra, desde la gran manifestación que reunió en Valencia a 40.000 personas.

En este contexto, Escola Valenciana pide la "dimisión" de Font de Mora y anuncia que impulsa su campaña para "implantar un plan multilingüe", ante la debilidad de las tesis oficiales.

El vicepresidente Vicente Rambla, acorralado por los escándalos de corrupción que afectan al PP valenciano, aprovechó ayer la habitual rueda de prensa, al término del pleno del Consell para pedir un "mayor margen de negociación" porque existe "voluntad clara" de la Generalitat para llegar a un acuerdo.