Conflicto y respuesta educativa

La situación causada por la falta de una solución adecuada al problema de los menores extranjeros no acompañados supone un cóctel explosivo cuyo foco va saltándo de provincia en provincia. Las diputaciones, encargadas de su tutela y garante del cumplimiento de los derechos de los jóvenes, se ven desbordadas por la llegada de unos muchachos a los que las instituciones, a todos los niveles, no saben si tratar como inmigrantes o como menores.

Llegan desorientados a la península, en busca de una vida que su país de origen no puede darles (cerca del 80% proviene de Marruecos). En Euskadi, los entes forales afirman estar desbordados ante la situación. Destacan que es injusto que las comunidades autónomas que ponen recursos para afrontar el problema sean las que finalmente deban afrontarlo solas, mientras otras se resisten a habilitar centros para estos chavales sabiendo que ello crearía un efecto llamada que terminaría desbordándolas. Ya han hecho varios llamamientos para que el Gobierno central tome cartas en el asunto, pero éste responde que no puede obligar a otras comunidades a acogerles sin cambiar la ley. La competencia es exclusivamente de las comunidades autónomas y de las diputaciones en el caso vasco.

Los educadores recalcan que no basta con darles comida y techo

No es la primera vez que la justicia se interesa por esta cuestión. En Álava, por ejemplo, la Fiscalía tuvo que intervenir ante las deficientes condiciones que se estaban registrando en el centro Zabaltzen de Vitoria. Muchos de ellos tenían que dormir en esterillas en el suelo ante la masificación del centro.

Todo es confuso al acercarse al problema. Las instituciones se amparan en que son menores para no informar en detalle sobre lo que ocurre en los centros. A su vez, se ha creado una alarma social que asocia a estos jóvenes con la delincuencia y que estigmatiza a todo el colectivo por la actitud de los más violentos.

En Guipúzcoa, la fiscalía ha constatado un importante aumento en el numero de delitos cometidos por menores en este territorio, que el Ministerio Público vincula al incremento de población y especialmente "a la llegada masiva de menores extranjeros de origen magrebí con graves carencias", según consta en su memoria de 2008, informa la agencia Efe. Las diligencias preliminares incoadas en esa provincia contra menores el año pasado ascendieron a 1.137, un 28% más que en 2007. El Ministerio Público afirma que su difícil integración "se traduce en la formación de grupos cuyos componentes presentan como denominador común la práctica de conductas violentas o delictivas".

Los educadores que trabajan con ellos recalcan que no siempre es una cuestión de recursos la que causa el fracaso de cada intento, sino el hecho de que se sigue dando un enfoque casi humanitario a la acogida de estos jóvenes -darles comida y techo- en lugar de ofrecer una respuesta educativa adecuada e unificada para que puedan conseguir lo que quieren: los papeles, un trabajo y una vida mejor.