El ex alcalde de Pego, juzgado por represaliar al sepulturero municipal

Carlos Pascual, alcalde de Pego entre 1995 y 2003, primero por Unión Valenciana y desde 1999 al frente de una candidatura independiente, abandonó ayer por unas horas el centro penitenciario de Villena para declarar por un presunto delito de prevaricación administrativa. El fiscal pide nueve años de inhabilitación, y la defensa, su absolución, por unos hechos que se remontan a febrero de 2001.

Pascual suspendió de empleo y sueldo a Fernando Piera, uno de los dos sepultureros del cementerio, por acudir a una manifestación de policías locales para protestar por una agresión del entonces regidor al jefe de la Policía Local. Aquello acabó con la incoación de un expediente a 18 policías y al sepulturero, el único funcionario que acudió en su día libre. Su expediente fue instruido por Ana Ortolá, una concejal del gobierno local. Una hora y media después de prestar declaración, Piera ya tenía en su poder el decreto de alcaldía que contemplaba la sanción. Tras una huelga de hambre a las puertas, una baja por depresión y haber ganado ante el juzgado contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia, Piera denunció al alcalde por prevaricar.

Pascual justifica todos los decretos y sus decisiones en el respaldo del secretario del Ayuntamiento, Juan José Martínez, que no compareció pese a estar citado como testigo. El abogado defensor alegó que "los actos administrativos discrecionales del alcalde pueden ser revertidos en el contencioso administrativo, donde se le dio la razón al sepulturero", de manera que "no hubo dolo directo".

Pascual ingresó en la prisión de Picassent en mayo de 2007. Tres meses después fue trasladado a la de Villena, donde fue adscrito a un módulo de educación y respeto. En mayo próximo cumplirá un tercio de la pena y pasará a régimen abierto.