El fiscal limita la pena a los guardias civiles del aeropuerto a inhabilitación

En febrero de 2006, 19 guardias civiles que trabajaban en la aduana del aeropuerto de Málaga fueron detenidos por agentes de asuntos internos acusados de exigir pequeñas cantidades de dinero -generalmente 50 euros- a cambio de no retener mercancías de los equipajes de los viajeros. Alguno de los imputados cobró a cambio de hacer la vista gorda ante el paso de alimentos prohibidos de origen chino, según las grabaciones de vídeo ordenadas por el juez. Cinco de los arrestados estuvieron 10 días en prisión preventiva.

Tres años y un mes después de la operación, la Fiscalía de Málaga ha solicitado penas de inhabilitación y suspensión de empleo máximas de tres años y nueve meses y multa de 600 euros por cohecho para 17 de los agentes, la mitad de la plantilla de la Sección Fiscal del aeropuerto malagueño. De los dos restantes, uno falleció durante la instrucción y para el otro se pide el sobreseimiento. En ningún caso, el ministerio público solicita penas de prisión.

Evitar problemas

En su escrito, el fiscal recuerda que en 2005 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que algunos agentes del aeropuerto de Málaga cobraban pequeños sobornos por no retener mercancías que los viajeros extranjeros llevaban en su equipaje.

Incluso supieron que la comunidad china afincada en la Costa del Sol avisaba a sus familiares y amigos de que cuando viajaran a Málaga "trajeran a mano un billete de 50 euros a fin de evitar problemas con la Guardia Civil a su llegada".

La trama comenzó a venirse abajo en noviembre de 2005, cuando una pareja de ciudadanos noruegos que llegó a Málaga para visitar a su hija tuvo que entregar 50 euros para que los agentes no requisaran productos alimenticios cuya entrada en España era perfectamente legal. La pareja denunció el chantaje y la UCO obtuvo una autorización judicial para instalar una cámara oculta en la oficina que utilizaban los agentes para reclamar el dinero.

En apenas dos meses, los investigadores obtuvieron numerosas pruebas de los supuestos cohechos, que afectaron a ciudadanos de China, Japón, Israel, Pakistán o Turquía.