EA mantiene la pelea para arrebatar a los socialistas el escaño 25

La Junta Electoral alavesa desestimó ayer los tres recursos presentados contra el escrutinio final de las elecciones del 1-M por la adjudicación del 25º escaño de ese territorio al PSE-EE, que a su vez consiguió con él 25 parlamentarios en la Cámara. Dos de los recursos fueron presentados por Eusko Alkartasuna (EA), que va a mantener la pugna por lograrlo, y el tercero por UPyD. El primer partido es el directamente perjudicado por la pérdida del escaño, que cedió ante el PSE al final de la noche electoral por ocho votos.

El recuento del viernes pasado del voto procedente de los residentes en el extranjero se lo proporcionó finalmente a la socialista Esozi Leturiondo, portavoz del grupo en la comisión de Mujer y Juventud y viuda del fallecido dirigente del PSE Mario Onaindia.

Para EA ese escaño tiene una importancia de primer orden porque supondría doblar su representación, finalmente de un sólo parlamentario por Guipúzcoa, y porque permitiría a uno de sus políticos más destacados y más veteranos en la Cámara, Rafael Larreina, seguir en ella.

Junto a los dos de EA, uno contra el escrutino general y otro pidiendo la anulación de una papeleta del PSE, un tercer recurso fue presentado por UPyD contra un voto emitido con el ENA, el carné de identidad vasco. La formación de Rosa Díez desea que el escaño quede en manos de EA, porque ello le daría una posición relevante en la investidura: su voto sería necesario para sumar los 38 que otorgan la mayoría absoluta en el Parlamento.

Con el paso del escaño al PSE, el partido de Díez, que puso especial celo en el recuento del viernes pasado, no resulta ya imprescindible, puesto que el PSE puede sumar esa mayoría sólo con el concurso popular.

Recurso y contencioso

EA anunció anoche que recurrirá la desestimación de la Junta Electoral Provincial ante la Junta Electoral del País Vasco. UPyD lo sopesaba también. La resolución puede retrasarse hasta el 21 de marzo. Si después de ella alguno de los dos partidos acude al Contencioso-administrativo, su pronunciamiento tendría plazo hasta el 7 de abril, lo que retrasaría el pleno de constitución de la Cámara y, por tanto, la sesión de investidura.

Estos posibles recursos operan en contra de los intereses del PSE-EE, que quiere imprimir la mayor rapidez posible a todo el proceso. Ese partido tiene los parlamentarios necesarios (25, un tercio de la Cámara) para poner en marcha los plazos para la investidura, pero no puede acreditarlos hasta que la Junta Electoral no realice la proclamación oficial de electos.