Las cajas intentan eludir fusiones con la agrupación de créditos y liquidez

La rapidez a la que se realizan los trámites iniciales de la fusión de Unicaja con Caja Castilla-La Mancha (CCM) son un espejismo. La resistencia natural de las cajas a perder su independencia sigue siendo fuerte, como si estuviera en sus genes.

Ni siquiera la dureza de la crisis y las advertencias de las autoridades les han hecho cambiar de posición. El Ministerio de Economía y el Banco de España, han hablado públicamente de "la necesidad de la reestructuración del sector", que es el eufemismo que se utiliza para pedir las fusiones. Los dos intentos iniciales han acabado en fiasco. Ni la unión de la BBK y la Kutxa ni la fusión virtual de las cajas de Castilla y León, llegaron a buen puerto.

Una unidad centralizada decidirá la concesión de préstamos

Pero las cajas son conscientes de que tienen que mover ficha. El último proyecto con el que quieren sortear la necesidad de las fusiones es una sociedad con dos objetivos: por un lado que sea una marca para salir a los mercados y conseguir liquidez, con el paraguas del aval del Estado. En segundo lugar, la sociedad deberá contar con una unidad centralizada de riesgos, que analice la viabilidad de los créditos que las entidades quieran conceder con el dinero captado. Según fuentes conocedoras del proyecto, la unidad de riesgos tendría plena capacidad para decidir si se concede o no el préstamo solicitado, por encima de la autoridad de cada caja. De este modo, las entidades conseguirían dos temas clave: liquidez y poder conceder créditos a las empresas, un sector en el que no se mueven con comodidad. Hasta ahora, unas 26 cajas están interesadas en esta sociedad holding, capitaneada por la Confederación Española de Cajas (CECA) y otra veintena lo están analizando. El sector considera que es una fórmula que permite flexibilizar la gestión y conseguir liquidez sin necesidad de fusionarse.

En la práctica funcionaría de la siguiente manera: esta sociedad consigue 3.000 millones en los mercados. A continuación las cajas presentan los créditos que quieren conceder, con sus respectivos importes. La unidad de riesgos los analiza y decide cuáles se conceden. Este filtro es de gran calado ya que supone una cesión de la capacidad de gestionar que ahora forma parte del corazón del negocio.

El proyecto tiene algunos escollos en el camino. Uno de ellos es que el Estado, según los acuerdos de la Comisión Europea, sólo puede avalar a una entidad, no a un grupo de ellas, apuntan desde el Ministerio de Economía. Otro asunto relevante para el Estado es cómo podría unificar la calificación del riesgo de la emisión, antes de avalarla, ya que las entidades tendrán diferentes rating y niveles de morosidad.

Las cajas que están en la organización afirman que cuentan con un sistema de compensación de las calificaciones que soluciona estos problemas. El consumo de capital que supondrían los préstamos también sería proporcional a los riesgos asumidos. Ahora la pelota está en el tejado de Economía y del Banco de España, escépticos con la iniciativa.

El proyecto es un paso más de Afianza, una sociedad de la CECA formada por 28 cajas. Afianza puede avalar créditos por 2.507,5 millones.