Costas frena el derribo de un hotel ilegal que impide el acceso a la playa

El hotel Papagayo Arena es ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Canarias. El cabildo de Lanzarote lo califica como "el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico". No sólo su licencia vulneraba las normas urbanísticas de la isla sino que la construcción "impide el acceso público al mar y el tránsito por la costa", según admite el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la dirección general de Costas ha paralizado el expediente de expropiación forzosa que el equipo de Narbona aprobó en febrero de 2007 para derribar el hotel.

Lo llaman el Algarrobico canario y pertenece a la veintena de hoteles declarados ilegales en Lanzarote. Su licencia es nula, según falló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 18 de julio de 2007. Según un informe del aparejador citado en la sentencia, "el hotel, de 12 plantas, proyectado en primera línea de playa", superaba el número de plantas autorizado e "invadía y eliminaba por completo el acceso público al mar". El Ministerio de Medio Ambiente admite que "la estructura e instalaciones del hotel dificultan e impiden el acceso público al mar y el tránsito por la costa", algo prohibido por la Ley de Costas, de 1988.

Medio Ambiente sostiene que aún está estudiando una sentencia de 2007

El Gobierno paró también el trámite contra el hotel de El Algarrobico

El hotel, cuya licencia es de 1998, muy posterior a la Ley de Costas, está en la cala de las Coloradas (Yaiza), "en una playa natural encajada (de las mayores de la costa sur de Lanzarote)", según una nota que Medio Ambiente ha remitido a este diario. Tiene 747 camas y, según el cabildo, linda con el espacio natural protegido de Los Ajaches. No es fácil encontrar un caso tan extremo.

El 23 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros declaró "de utilidad pública" el terreno del Papagayo "para su incorporación al dominio público". El objetivo era expropiarlo, demolerlo y recuperar el paisaje. El Gobierno destacó entonces que su objetivo era "ensanchar en lo posible la franja del dominio público para asegurar una mayor disponibilidad de terrenos libres junto al mar".

Dos años después poco queda de esas intenciones. El expediente está paralizado. El abogado de la empresa, José Luis de Tomás, asegura que no ha recibido noticias del Gobierno en más de un año y que por eso ha pedido la caducidad del expediente: "El expediente de expropiación ha caducado, ya que no han movido un papel ni nos han notificado nada desde entonces".

Una portavoz de Medio Ambiente considera que el expediente formalmente no está cerrado y que el ministerio aún "está estudiando los efectos" de la sentencia de ilegalidad, dictada hace más de un año y siete meses. En realidad, fuentes próximas al ministerio aseguran que el expediente está paralizado y que el hotel está, en la práctica, indultado.

El caso es similar al del hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería). El mismo Consejo de Ministros que ordenó expropiar el Papagayo aprobó la del de Carboneras, que está paralizado por orden judicial, pero cuya sentencia está recurrida.

Tras las elecciones generales de hace un año, el equipo que dirige Elena Espinosa paralizó la expropiación. El ministerio afirmó el pasado 12 de febrero que lo hacía porque así se lo recomendó el abogado del Estado el 11 de noviembre. La abogacía consideraba que expropiar un hotel que podía ser declarado ilegal supondría malgastar dinero público, ya que se podría tirar sin dinero público. El argumento choca con la respuesta que el pasado 2 de febrero Medio Ambiente dio al diputado de ICV, Joan Herrera. En ella afirmaba que la expropiación "se seguía tramitando". En el caso del Papagayo, la sentencia sí es firme, pero Medio Ambiente no ha pedido la demolición.

En Lanzarote hay una veintena de hoteles en la misma situación, ilegales porque la licencia municipal incumple el plan insular para controlar el urbanismo. La Fundación César Manrique ha pedido la ejecución de siete de las sentencias que ha ganado. La fundación ha pedido que el juez aclare si hoteles de lujo como el Princesa Yaiza o el Meliá Volcán deben ser demolidos o pueden ser legalizados. El Papagayo no está en esa lista ya que en ese caso no está personada la fundación, según su portavoz, Carlos Meca.

Además, el Cabildo de Lanzarote anunció el jueves pasado que impulsará una ley para legalizar los hoteles, aunque su presidenta, la socialista Manuela Armas, aseguró que no todos los complejos podrían ser legalizados. El cabildo considera que el Papagayo es el que más incumple la ley y confiaba en que Costas lo derribara.

El bloqueo del expediente llega en plena presión sobre la Ley de Costas y después de que los grupos ecologistas criticasen que el Gobierno está suavizando esa norma y su aplicación. En Canarias, Costas tramita el derribo de Tufia, un poblado de pescadores, y en octubre pasado demolió Cho Vito. Coalición Canaria y el PP han respondido con una ley para salvar cientos de viviendas construidas en la playa por su "valor etnográfico".

Los socialistas sostienen que esta ley invade competencias, pero también esperaban del Ministerio de Medio Ambiente una actuación ejemplar sobre algún gran edificio para contrarestar la imagen de que Costas sólo actúa contra los pequeños propietarios. Ese edificio emblemático no parece que vaya a ser el Papagayo.