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Constructoras fantasma a la fuga

Empresarios de "furgoneta y móvil" desaparecen dejando una estela de denuncias

El medio centenar de trabajadores que tenía la constructora Marbar de Tomiño hacen turnos todos los días para vigilar la sede de la empresa. Es el único testimonio que queda, junto a decenas de pisos y chalés a medio construir, de lo que una vez fue una empresa próspera. Hace ya un año de la llamada de Marcos, hijo de Manuel Martínez Barros, el propietario. Se reunió con los operarios y les comunicó que la constructora cerraba. El aviso lo habían dado en las últimas semanas algunos proveedores que empezaban a retirar material de las obras, aunque, según la empresa, no había motivos para la alarma. "Al día siguiente comenzó a destaparse el agujero", dice Serafín Fernández, delegado de la CIG en la comarca del Baixo Miño. El dueño se fugó y les dejó un pufo de 900.000 euros a los 52 trabajadores. Otros tres millones de euros se volatilizaron antes de llegar a manos de los proveedores. Con el propietario en paradero desconocido desde entonces, el cierre de Marbar dejó paradas varias promociones de viviendas en A Cañiza, Tomiño y en algunas localidades de Portugal. Lo único que pudieron hacer los acreedores fue solicitar al juzgado el embargo preventivo de los bienes de la empresa y evitar el expolio de las instalaciones.

El de Marbar fue el caso más sonado, pero no el único. En Lugo van siete
"Es la peor situación posible, estamos en la incertidumbre"
"Los que se atreven cuentan que van y vienen en furgonetas a Portugal"

El de Marbar fue el caso más sonado, pero no el único. Jesús María Calvo, de UGT en Santiago, cuenta el de Carreira y Martínez, cuyo propietario se fugó a Brasil sin pagar las nóminas. Falleció poco después, "cuando los empleados estaban pendientes de la ejecución de la sentencia". En Lugo se han dado varias desapariciones en los últimos meses. De hecho, las cédulas de notificación de las resoluciones y ejecuciones de sentencias en firme de los juzgados de lo Social número dos y tres de Lugo llevan siempre, a modo de epitafio, la misma advertencia cuando abordan todo lo relacionado con las empresas J.L. Mahía Pacin Promociones y Miradores del Rato SL: "En paradero desconocido". Son otras dos pequeñas promotoras que un buen día decidieron esfumarse. Sus responsables ni aparecen por el juzgado para resolver las extinciones de contrato de una plantilla -que rondaba la docena de empleados-, ni atienden a las sentencias que les obligan a llevar a cabo las correspondientes readmisiones. Así, desde el pasado mes de diciembre, cuando sus directivos cerraron a cal y canto las oficinas, nadie contesta al teléfono.

Responsables de UGT de Lugo han denunciado por fuga en los últimos cuatro meses a éstas y a otras cinco empresas fantasma. "Es la peor situación de las posibles, ni EREs ni concursos de acreedores, esto es la incertidumbre total", señala Carlos García, uno de los representantes sindicales más implicados en el rastreo de los desaparecidos. Hasta ha elaborado un retrato robot de los prófugos. Esas siete empresas tienen una media de quince trabajadores en plantilla, todas se dedican a la edificación y, paradójicamente, tienen Lugo como base de operaciones. "Apenas se registran en otras provincias gallegas casos como éste, por lo menos en cuanto a su número en los últimos meses".

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Lo peor, a su juicio, es que ante espantadas así se prolonga demasiado la solución para los trabajadores, "ya que los patronos no se presentan ni para la conciliación ni posteriormente en el juzgado, con lo que las demandas se llegan a alargar unos cinco meses". "Mientras tanto -asegura- ni siquiera el Fondo de Garantía Salarial puede activarse, como en el caso de los expedientes de regulación de empleo".

"Los motivos por los que desaparecen son siempre los mismos. Suelen ser constructores con furgoneta y móvil, sin empleados a su cargo. Un buen día dejan de pagar y listo". Manuel López Golpe, secretario de acción sindical de UGT, cree que la precariedad provoca estas situaciones. Su esperanza está en la puesta en marcha del Registro de Empresas Acreditadas (REA), que surgió del diálogo social para evitar estos y otros casos similares.

Guadalupe Álvarez, jefa del servicio de Relacións Laborais de la Consellería de Traballo, explica que es una herramienta que obliga a que los empresarios cumplan con los requisitos de solvencia que marca la Ley. "Es decir, que tengan medios humanos, no un señor con un teléfono. Que se demuestre una formación de esos trabajadores, que tengan unos servicios de prevención propios o contratados".

Para poder ser contratista o subcontratista es obligatorio estar en el registro. "Si no estás, no puedes ser contratado ni contratar a nadie". Galicia fue una de las primeras comunidades en ponerlo en marcha y es la segunda con más empresarios inscritos, 10.717. Pero la picaresca en el sector parece difícil de sortear con la crisis encima. Se calcula que 4.500 personas perdieron su trabajo el año pasado con la finalización de su contrato. Otros 10.000 portugueses empleados en Galicia volvieron a su país. Y el parque de viviendas sigue cayendo: hasta el mes de noviembre, un 44% respecto al año anterior.

"Las personas que se acercan al sindicato a menudo nos dicen que renunciaron a su indemnización a cambio de volver a ser contratadas, algo completamente ilegal", dice López Golpe. Y añade que una práctica habitual de las subcontratas del AVE era traer mano de obra de Portugal y pagar salarios portugueses, muy inferiores a los gallegos. "Sólo hay que pasarse por las obras del AVE en Carballiño e intentar hablar con los trabajadores. Los que te cuentan algo, que son pocos, dicen que van y vienen en furgonetas. Pero sacar a la luz estos casos es muy complicado para nosotros y para la autoridad laboral".

El AVE trae una cola de quejas. "Vemos que hay empresas que se crean en Mérida, o en Salamanca, donde el convenio contempla salarios más bajos que los gallegos, y después trabajan aquí". Javier Barreiro, responsable de Construcción de UGT en Ourense, recuerda que han denunciado en varias ocasiones prácticas ilegales, como prorratear las vacaciones y las pagas extraordinarias. "Es una manera de tener en precario a la gente, trabajando sábados y domingos, muchos sin formación específica, haciendo horas extra camufladas. En otros casos les pagan el finiquito mes a mes. Les dicen 'si no protestas te volvemos a contratar', pero con la crisis es difícil".

Los expedientes de regulación de empleo también reflejan la situación de debilidad del trabajo en la construcción. Los presentados en 2008 sólo afectaron a 287 trabajadores en toda Galicia, y ninguna empresa de Lugo, el territorio de las fugas, recurrió a esta vía. En lo que llevamos de año son 82 los afectados.

Traballo decidió mantener en suspenso el expediente más abultado de todos cuantos se han presentado por parte de constructoras gallegas en el último año, el de Eshor, en A Coruña, que afectaba a unos 150 trabajadores. Mientras, procedió a estimar, previo acuerdo con la plantilla, el ERE de los 101 empleados de la orensana Araujo Rial y Construcciones, la segunda más importante en cuanto a volumen.

Fuentes sindicales esperan que en 2009 la situación laboral en el sector, pese a la crisis, se vea amortiguada por la contratación en obras públicas.

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