La nueva Xunta deberá decidir en un mes si permite construir en la costa

Representa el 1% del suelo urbanizable de toda Galicia y a la vez, el bocado más apetitoso para los promotores inmobiliarios en el actual contexto de crisis. Son 300.000 hectáreas de terreno a lo largo de 1.200 kilómetros de costa vedadas a las grúas durante los últimos dos años. Y es también la primera patata caliente a la que deberá enfrentarse el futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, muy al inicio de su mandato.

Sobre el dirigente que en las últimas horas se ha comprometido a mantener "lo mejor del bipartito", recae ahora la responsabilidad de prorrogar, o no, la ley de medidas urgentes que impide edificar en los primeros 500 metros de la costa. La medida estrella del Gobierno del cambio, la que mejor valoran los ciudadanos en las encuestas -hasta el punto de que el PP decidió obviar cualquier crítica a este proyecto en sus mítines- expira el 17 de mayo, sin que el ejecutivo saliente haya aprobado el Plan del Litoral que debía regular palmo a palmo la ordenación urbanística de la costa gallega.

Los alcaldes han presionado al líder contra la ley de medidas urgentes

Si el Ejecutivo entrante renuncia a aplicar una moratoria, pasado el Día das Letras Galegas, los promotores inmobiliarios volverán a tener barra libre para construir a 100 metros del mar, según estipula la Ley de Costas que restringe la distancia mínima a sólo 20 metros en los suelos clasificados como urbanos.

El presidente electo ha evitado estos días dar pistas sobre una decisión que deberá afrontar en las primeras semanas de la legislatura. Feijóo pretende revisar antes el avance del Plan del Litoral que el bipartito tenía prácticamente diseñado y, sobre todo, el esbozo que él mismo -al frente de la Consellería de Ordenación del Territorio- dejó encargado antes de abandonar el poder en 2005. De este último trabajo Feijoo no va a encontrar gran cosa, cuando regrese a San Caetano. Fuentes de Política Territorial aseguran que la asistencia técnica contratada por el entonces vicepresidente de Fraga para elaborar su plan del litoral "fue rescindida" al poco de llegar el bipartito por no ajustarse a los criterios del Gobierno entrante para ordenar el urbanismo en la costa.

Los retrasos del bipartito se convierten ahora en un problema para Feijóo. El presidente del PP carece de tiempo para aprobar un prolijo documento que otras comunidades como Asturias o Cataluña han tardado entre cuatro y cinco años en redactar. De hecho, el objetivo de su antecesora, María José Caride, pasaba por establecer diferentes niveles de protección provisionales tomando como base el avance del Plan del Litoral que los técnicos todavía están elaborando hasta que se concluyera el documento definitivo que además debería estar sometido a exposición pública durante un plazo mínimo de un mes.

Como presidente del PP, desde 2006 Feijóo ha sentido la presión de sus alcaldes para oponerse a la ley de medidas urgentes que los ayuntamientos del PP siempre han visto como una agresión. Fuentes de su equipo admiten que, sea cual sea la decisión final, el Plan del Litoral de Feijóo incluirá compensaciones para los municipios más afectados por las restricciones para la construcción.