La Fiscalía sigue sin actuar sobre el campo de tiro ilegal de Lezama un año después

La Fiscalía de Vizcaya sigue sin tomar una decisión, después de casi un año de investigación, sobre el campo de tiro de la localidad vizcaína de Lezama, que ha estado funcionando 22 años sin licencia de apertura ni de actividad y, además, se ubica en un suelo de protección especial. La fiscal de Medio Ambiente, Pilar Sánchez Donate, está a la espera de un informe sobre la posible contaminación de los terrenos por plomo y otros producotos, que ha encargado a la Universidad del País Vasco (UPV) tras no haber recibido esta información de la Ertzaintza, a la que pidió por dos veces estos estudios.

La tardanza en la investigación del campo de tiro -que fue clausurado por el Ayuntamiento de Lezama en diciembre, un mes después de que este diario revelara el caso- ha causado malestar entre los vecinos que lo denunciaron, la asociación Plataforma Bizirik, que considera "alarmante la labor de la Justicia".

La fiscal admite la dilación y prevé tomar una decisión en unos meses

La fiscal Pilar Sánchez Donate admitió ayer a EL PAÍS que las indagaciones "se han dilatado más de lo que hubiéramos querido" y agregó que espera tomar una decisión en los próximos meses. Para ello quiere contar con el informe de la universidad, que debe aclarar si ha habido un perjuicio al suelo o a tres arroyos cercanos. Sin embargo, también dejó abierta la opción de "adoptar una decisión sin esperar" a dicho informe. La Fiscalía envió el pasado año oficios por dos veces a la Ertzaintza pidiendo un informe toxicológico de los suelos de campo de tiro pero, ante la falta de datos, ha optado por recurrir a la universidad.

En la denuncia que presentaron los vecinos en abril, se señalaba que la actividad ha supuesto "una grave fuente de contaminación", ya que los perdigones y los restos de los platos caen sobre el nacimiento y cauce de tres arroyos. Los platos están compuestos de productos tóxicos como brea y cadmio. "Después de más de 20 años, hemos comprobado que la tierra está mezclada con los perdigones", precisó ayer un portavoz de Lezama Bizirik.

La asociación vecinal, que el pasado año tuvo dos reuniones con la fiscal de Medio Ambiente, le envió el pasado mes un escrito ante "la demora acumulada" en el caso. "Creemos que ya es hora de definir las responsabilidades administrativas y penales, si la hubiera, de las personas que han permitido esta actividad ilegal y contaminante", señalan en la misiva.

La asociación comenta que, tras la buena respuesta inicial de la fiscal -"en agosto nos dijo textualmente que estaba encarrilado"-, su actitud cambió en octubre, y considera "incomprensible" que no haya exigido los informes a la Ertzaintza, "que es su Policía Judicial".