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Aguirre: "Si todos fueran funcionarios, habría hambre, miseria y corrupción"

Un tenso debate en la Asamblea incluye la petición de dimisión del consejero de Interior - Granados acusa de mentir a sus antecesores en el cargo

Los debates parlamentarios en la Asamblea de Madrid se han convertido en episodios de alto voltaje. Desde finales de enero, cuando se destapó la trama de espionaje a altos cargos del PP, los diputados han endurecido su lenguaje con insultos y acusaciones cruzadas. Algunas de ellas muy graves, como la que lanzó ayer el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados. Acusó a tres ex consejeros de mentir en la comisión que investiga los espionajes celebrada el día anterior. El socialista Virgilio Cano y los populares Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, responsables de la seguridad madrileña entre 1983 y 2003, negaron que el cuerpo de agentes de seguridad autonómica realizara labores de escolta o contravigilancia en sus mandatos.

El PP se enfrentó a la oposición sobre la comisión de los espías

El consejero saltó airado tras la petición de dimisión del grupo socialista y proclamó: "Afirmo categóricamente que en el gobierno del señor Leguina (entre 1983 y 1995) se prestaban servicios de seguridad por parte de los técnicos de seguridad, que se compraron pistolas, que se les prestaba ese servicio y que además hacían de escolta de los miembros del gobierno; lo afirmo y lo puedo acreditar; por lo tanto, alguien ayer mintió". Granados dirigió su primer golpe hacía Virgilio Cano, titular de Seguridad con Leguina. Pero lo extendió con sutileza a los otros dos ex consejeros: "Las competencias y las funciones que ha desarrollado ese cuerpo en la anterior legislatura es la misma que se ejercía con el señor Leguina y la que se ejerció con Gallardón". El debate continuó con un agrio cruce de acusaciones entre Granados y el diputado socialista Adolfo Navarro, que acusó al consejero de tener intereses urbanísticos en Valdemoro. Granados se revolvió y lanzó: "Si todos los miembros de su partido que están encausados se fueran del partido cabían ustedes en un taxi".

La tensión en el hemiciclo no descendió. Esperanza Aguirre afirmó ayer que "si todos los españoles fueran funcionarios, habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción". La frase dejó perpleja a los grupos de la oposición, que le habían cuestionado si considera que el trabajo público es un factor de calidad y estabilidad en el conjunto del empleo. La respuesta fue taxativa: "No". Los sindicatos criticaron ayer a Aguirre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de marzo de 2009