La cárcel no es un basurero

Por falta de un par de agentes que lo llevaran al hospital, José María Solano vive con un ano artificial.

Por falta de otro par de agentes que lo llevaran al traumatólogo, José María Solano arrastra como puede su pierna derecha, con un esguince de tobillo convertido en crónico.

Por falta de tiempo ¿y de ganas? del dentista, José María Solano se quedó sin dientes y sin prótesis dental.

No es extraño que José María Solano diga que ha salido de la cárcel peor de como entró.

Sí. José María Solano, de 42 años, vecino de un barrio marginal de Sevilla, es un preso en libertad condicional. Fue condenado por robo. Era un drogodependiente que buscaba dinero a cualquier precio. Ha pasado cuatro años entre rejas. Ahora está en la calle.

Cuando ingresó en prisión, en 2003, sólo tenía la nariz rota. En esos cuatro años recluido en Sevilla II, ha sufrido dos fístulas, un esguince, una fuerte depresión. Ha perdido varios dientes.

Si José María hubiera sido atendido adecuadamente, las fístulas y el esguince habrían sanado. La depresión se habría amortiguado o desaparecido. Pero José María no fue llevado al médico cuando tenía cita porque no había disponibles un par de agentes que lo trasladaran al hospital. No una, ni dos veces. Hasta veinte citas médicas perdió en cuatro años de prisión.

El caso de José María se repite de manera dramática. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que vienen denunciando "la vulneración sistemática del derecho a la salud" de la población reclusa, presentó el martes un nuevo informe escalofriante. En las cárceles andaluzas hay 16.751 presos, azotados por las más devastadoras enfermedades: trastornos mentales (40%), hepatitis (33%), sida (10%), tuberculosis (5%), drogodependencia (80%). Las posibilidades de que un preso sufra alguna de esas enfermedades son siete veces mayores que entre la población libre.

Sin embargo, no siempre son llevados ante un médico, como sería de justicia. El año pasado, un 38% de las citas médicas externas se perdieron por falta de efectivos policiales. Las consecuencias son claras: miren a José María Solano.

Es cierto que José María cometió un delito y fue condenado. Lo es también que, aun habiendo sido un delincuente, se merecía el mismo trato y respeto que cualquier otro ciudadano. Desde luego, tenía derecho, como marcan la Constitución, la Ley General Penitenciaria y la Ley General de Sanidad, "a una asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a la dispensada a la población libre".

José María habló el martes en la sede de la Apdha, junto a Isabel Mora, coordinadora general. Es la única institución que se ocupa de él. En una labor digna de todo elogio, la Apdha viene denunciando desde hace años la situación de la salud entre la población reclusa. A veces, los políticos les han hecho caso y algunas de sus denuncias han llegado al Parlamento o al Defensor del Pueblo. Ésta es una más.

Las competencias en esta materia deberían haber sido transferidas desde Instituciones Penitenciarias a la Junta de Andalucía antes del 1 de enero de 2004. No ha sido así. Médicos dependientes del Ministerio del Interior se ocupan de la atención primaria. El Sistema Andaluz de Salud (SAS) es responsable de la asistencia especializada. La Apdha denuncia que no hay una buena coordinación entre ambos. Además, faltan agentes que conduzcan a los presos a las consultas externas.

No es un problema menor. No hay que mirar a otro lado. Un gobierno socialista debe ser sensible a problemas como éste.

Un problema que solo se explicaría si creemos que las cárceles son un "basurero, donde almacenar y esconder el fracaso de las políticas sociales", en palabras de la Apdha.

Cualquiera de nosotros podría haber sido José María Solano.