_
_
_
_
ESTA SEMANA
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Dimisiones

Ya lo habían anunciado. Esta semana, que se vaya preparando el Gobierno andaluz porque la oposición va a pedir dimisiones por el caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento malagueño de Alcaucín. Consideran que ha habido pasividad o connivencia con las prácticas irregulares cometidas en este municipio. Desde la administración autonómica se parapetan en un cúmulo de actuaciones llevadas cabo en el tiempo para tratar de frenar dichas tropelías urbanísticas. En todo caso, lo mejor será dejar trabajar a la Guardia Civil, Jueces y fiscales para que se llegue al fondo del asunto. Estamos seguros de que, ni desde el ámbito de las autoridades autonómicas, ni tampoco, desde el PSOE, van a salir reproches o furibundos ataques hacia los investigadores. Eso que se encuentran de ventaja ya que si el principal apresado fuera de otro partido político seguro que el discurso hubiese sido bien distinto.

Pero, lo cierto es que han de darse explicaciones para dejar bien claro el papel de la Administración. Que los partidos de la oposición aprieten en este asunto no nos debe extrañar, están en su deber, aunque algunos sean más incoherentes de lo debido. Aquí cada palo debe aguantar lo suyo y bienvenida sea la discusión si con ello se llega a la verdad. Aún así, se echa en falta un mínimo consenso para actuar con mayor eficacia a la hora de combatir, por ejemplo, las construcciones ilegales. Y así, los mismos que ahora se escandalizan, son los que propician las manifestaciones vecinales frente a los respectivos ayuntamientos presionando para que les legalicen sus viviendas. Son, dicen tras la pancarta, familias que tienen derecho a un techo, dando por irreversible la situación y ofreciendo, en fin, un rechazo feroz a la actuación de la piqueta oficial. Pero la ley es la ley de modo que no caben paños calientes, sobre todo, si se tienen en cuenta las consecuencias que puede deparar su no cumplimiento.

Sin ir más lejos, algunos ya están en el calabozo, soñando con los billetes calentitos que dejó, chusca e infantilmente, escondidos en su colchón. El escenario, por tanto, va a ser muy similar al de otras ocasiones, pero es necesario insistir en este aspecto: aquellos que son los primeros en rasgarse las vestiduras por lo sucedido, son los que reclaman atajos, medidas blandas para dar por buena una situación a todas luces ilegal. Que se sepa y que se actúe en consecuencia sin más miramiento que el cumplimiento de la norma, cueste lo que cueste.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_