Las tuberías obsoletas

Las abundantes precipitaciones de este invierno han dado un vuelco a la situación hidrológica pero no impiden que Andalucía aún no haya salido oficialmente del periodo de cinco años de sequía. Buena culpa de esta situación la tienen las elevadas fugas que soportan las obsoletas redes de distribución de aguas en la comunidad, estimadas en un 30% de media. Andalucía, donde se pierde el 20% de todo el agua del país, tiene seis años para poner fin a esta situación.

En 2015 expira el plazo dado por la UE para renovar todas las tuberías de fibra-cemento por su baja eficiencia. La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA) calcula que habrá que cambiar entre el 50 y el 60% de las tuberías existentes.

Modernizar las canalizaciones costará más de 3.600 millones

La renovación de la red de distribución es una tarea que requiere una inversión superior a los 3.600 millones de euros. La futura Ley de Aguas establecerá un canon para financiar parte de ese gasto en infraestructuras.

La dispersión de instituciones y empresas competentes en la distribución del agua en los domicilios de la comunidad impide contar con un diagnóstico preciso de la situación real de las redes de canalización del agua. Los últimos datos los hizo públicos a final del pasado año el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque tomando como referencia indicadores de 2006. Según esta encuesta, Andalucía perdió ese año, por fugas, roturas, averías, errores de medida y fraudes, 146 hectómetros cúbicos, el 30% del agua distribuida y el 18,6% de todas las fugas en España. Con esa cantidad se podría abastecerse durante todo un año a un millón y medio de habitantes.

De ese mismo año es también el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, realizado a partir de una encuesta en 340 municipios. El estudio concluye que más de la mitad de los municipios andaluces reconoce pérdidas de entre un 20% y un 40% y los habitantes que se ven afectados por esta circunstancia superan el 70% de la población de la comunidad.

El porcentaje de pérdidas desciende al 20% en el caso de las grandes ciudades donde las redes de distribución son mejores. Ese es el caso, por ejemplo, de Emasesa, la empresa que abastece a Sevilla y su área metropolitana, que declara unas pérdidas del 14,3%, cuatro puntos menos que hace cinco años. Sus responsables aseguran que ya han alcanzado las exigencias impuestas por la Unión Europea para el año 2011, a excepción de las pérdidas en distribución que tienen que reducirse en un 1,5%. Emasesa invirtió el último año 23 millones de euros en trabajos para reducir las fugas en su red.

Mejoras similares se han producido por parte de la empresa Aqualia, que atiende una población de dos millones de habitantes de 70 municipios. En Almería las fugas han disminuido un 15,4% desde 1996 y en Jaén la disminución ha sido mucho mayor, del 40%, lo que supone tres millones de metros cúbicos al año. En la capital jiennense se han invertido 40 millones de euros en la mejora de las redes y depósitos, pero parte de la inversión revierte a través del canon de mejora que ya pagan los ciudadanos.

El Acuerdo Andaluz del Agua, embrión de la futura Ley de Aguas, establece entre sus prioridades la necesidad de reducir al mínimo posible las pérdidas de agua en red, aunque será el Observatorio Andaluz del Agua el que fije los criterios técnicos y la metodología para la cuantificación de las pérdidas en las redes urbanas. Y para financiar parte de las inversiones necesarias, la Junta prepara un canon que repercutirá en los consumidores.

El gerente de ASA, Manuel Bermúdez, cree necesario ese canon para poder modernizar las redes de distribución, pero advierte de la dificultad que tienen las empresas de abastecimiento para revisar sus tarifas: "Las subidas son impopulares desde el vista político, pero las empresas cada vez pierden más poder adquisitivo porque los gastos fijos crecen por encima del IPC, y eso nos lleva a un mantenimiento correctivo de las redes pero no preventivo al reducir los fondos para ello". El informe del Defensor revela que la mitad de los municipios consultados reconoce que las tarifas no cubren los costes del servicio de agua.

Sin embargo, las medidas de ahorro también vinculan al sector agrario, pues el regadío acapara el 80% de los usos del agua en Andalucía. La Junta ha fijado el año 2015 como plazo para acometer la modernización del regadío. Además, se establece un cambio en la tarificación, lo que supondrá un ahorro de agua al dejar de pagar por hectárea y hacerlo por metro cuadrado.

Los agricultores advierte que el sector no está para soportar más costes de producción. El responsable del agua de COAG, Rafael Civantos, llama la atención sobre la importancia del regadío en Andalucía, ya que su aportación a la Producción Final Agrícola supone más del 50% del total, mientras que la superficie ocupada por los regadíos sólo representa el 15% de la superficie agrícola útil. Además, Civantos destaca que la media de recuperación de costes en el regadío ronda el 80%.

Desde la asociación de empresas de abastecimientos se admite la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión del agua, pero se pide la misma corresponsabilidad a otros sectores. "Un 10% de ahorro en el regadío supone garantizar el 50% de los abastecimientos urbanos", sostiene Manuel Bermúdez, gerente de ASA, que pide también un mayor control hacia las concesiones de riego que se otorgaron hace medio siglo y que hoy están desfasadas. ASA representa a gran parte del sector andaluz del agua que genera un volumen de negocio anual de 4.000 millones de euros y 10.000 empleos entre directos e indirectos.